Mientras el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) continúa la evaluación de los proponentes que podrían sustituir a Physician Correctional, la empresa anunció este martes una serie de iniciativas dirigidas a fortalecer los servicios de salud que brinda a más de 7,000 confinados, incluyendo inversiones en telemedicina, salud mental y tratamiento de opioides.

“Reconocemos que el Ejecutivo ha expresado interés en evaluar ofertas de otros proveedores de salud para considerarlos, quizás hasta sustituir nuestros servicios, pero nuestro contrato está vigente y nuestra responsabilidad nos obliga a continuar trabajando ‘as usual’ (como siempre). Respetamos mucho esa decisión del Ejecutivo, sabemos que ellos lo harán partiendo de cuestionamientos razonables, pero en muchos de ellos diferimos respetuosamente, como lo hemos expresado en el estado de derecho que nos permite hacer reclamaciones legales, y está ahora mismo paralelamente viéndose”, indicó el doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional.

El líder de la empresa, que brinda servicios de salud a la población penal desde 2018, recordó que el acuerdo con el DCR está vigente hasta el 30 de septiembre de 2028.

Este contrato es cuestionado desde el feminicidio, en 2024, de Ivette Joan Meléndez Vega a manos de Hermes Ávila Vázquez, quien fue dejado en libertad mediante un pase de salud al fingir que no caminaba y ser “evaluado” por un panel médico de Physician Correctional.

A inicios de marzo, el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, informó que la agencia evaluaba a 12 proveedores de salud que sometieron propuestas como parte del proceso para sustituir a Physician Correctional. Este martes, luego de una conferencia de prensa de la empresa, Quiñones Rivera indicó –en declaraciones escritas– que el DCR continúa evaluando los proponentes. Añadió que la evaluación está en manos de un comité que fue nombrado el 3 de marzo y que tiene hasta el 3 de abril para presentar un informe.

Villalobos enumeró, en tanto, varias de las iniciativas encaminadas en el pasado año en favor de la población correccional, entre las que destacó la ampliación del servicio de telemedicina mediante un moderno sistema que, afirmó, permitirá reducir las visitas de los confinados a subespecialistas. Según el doctor, además de brindar mayor acceso a los pacientes confinados, la herramienta le permitiría al DCR ahorrar hasta $1 millón al año.

“Nuestros servicios tienen una gran capacidad intramural de ofrecerse sin que el confinado, nuestro paciente, tenga que salir de la institución, pero eso tiene sus limitaciones. Hay unos servicios que tienen que salir fuera de la institución; eso le crea al sistema correccional la necesidad de mover vehículos fuera de la institución, oficiales correccionales fuera de la institución… por no decir que es una preocupación recurrente de los oficiales que le dedican mucho tiempo a eso. Con esto, perseguimos reducirlo significativamente y eso va a tener un impacto directo en menos oficiales fuera de las instituciones, en menos vehículos, menos combustible que se puede usar, entonces, para ir a los tribunales, para otro tipo de necesidades del sistema”, explicó.

Estimó que este sistema –que se enfocará en enfermedades cardiovasculares, respiratorias, de la piel, entre otras– permitirá canalizar el 20% de los casos, que requieren atención subespecializada; el otro 80% de la necesidad médica será atendido por el personal médico.

Las dos primeras unidades del nuevo sistema de telemedicina, que permitirá a los reos participar “activamente” del proceso de evaluación sin intervención, se instalarán en Ponce y Bayamón, donde se encuentra más del 70% de la población correccional que atiende la empresa. La inversión en las dos unidades iniciales ronda los $150,000, y Villalobos anticipó que podría elevarse a $1 millón si, como espera, el modelo se expandiera “a todo el sistema”.

También, resaltó la apertura de una nueva unidad clínica de cuidado intermedio de salud mental en el Centro de Rehabilitación de Mujeres, con capacidad para 16 pacientes; el avance de un proyecto piloto para tratar confinados con hepatitis C que, al momento, ha impactado a 43 pacientes; el establecimiento de un programa de tratamiento con metadona en el Complejo Correccional de Ponce; y servicios de tratamiento con buprenorfina en varias instituciones penales.