Con pancartas de gráficas sobre los dramáticos recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) en los últimos años, profesores y estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) –que lleva paralizado desde el 13 de abril en busca de cambios en la gobernanza universitaria– protestaron este martes frente a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en Hato Rey, para exigir la reincorporación de la fórmula presupuestaria del 9.6% y repudiar los aumentos a los costos de matrícula.

El catedrático Agustín Irizarry Rivera, con 29 años en la UPR, denunció que la institución lleva una “mala gobernanza por mucho tiempo”, que comparó con la intervención político partidista que, a su juicio, quebró a la Autoridad de la Energía Eléctrica y está afectando a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

“En Puerto Rico, hay una expansión económica. Las arcas (del Departamento) de Hacienda están llenas y, en los últimos dos años, los recaudos han sido $13,600 (millones) y $13,100 millones. Por derecho y por la fórmula, le tocaría a la UPR casi $1,300 millones y nos dan unos $500 millones. En Estados Unidos, el promedio de inversión de los estados en las universidades públicas es de 9.9%, casi el 10% de los recaudos. Hay universidades, como en Utah, que es un 24%”, dijo el profesor de Ingeniería Eléctrica.

Insistió en que la inversión a la UPR no llega “ni a la mitad” del 9.6% del Fondo General, el cual ordena la Ley 2 de 1966 sobre el financiamiento de la UPR, siendo uno de los reclamos que llevó a los estudiantes del RUM a decretar una “manifestación indefinida” desde el 13 de abril.

Desde 2022, la UPR recibe una asignación fija de $500 millones provenientes del Fondo General, aunque la JSF suele condicionar ciertas partidas a que la institución cumpla con determinados ajustes operacionales o controles financieros. La asignación se distancia de los $834 millones fijos que se le destinaron entre 2014 y 2017, así como de la anterior fórmula que separaba el 9.6% de los recaudos del Fondo General para su funcionamiento. Bajo la antigua fórmula –congelada en 2014 por la administración de Alejandro García Padilla al declarar un estado de emergencia fiscal–, la UPR recibiría hoy cerca de $1,300 millones.

En medio de las gestiones de la Administración Central para reabrir el recinto a través de los tribunales, los educadores exhortaron al rector interino del RUM, Miguel Muñoz Muñoz, y la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, a dialogar con los estudiantes sin intimidaciones, en vez de utilizar policías para detener la paralización avalada, en una asamblea estudiantil, desde mediados de abril.

“En el RUM, hay muchas entidades, como departamentos y facultades, que se han expresado en contra de la posible violencia que se puede suscitar si se da una orden para que intervenga la Policía. Ayer (lunes), en la vista del tribunal, parece que la intención era que se interviniera, pero que la administración se desentendiera de eso. El tribunal dio la orden y no va a hacer más de lo que ya ha hecho, así que le toca a la administración decidir si va a proteger al estudiantado y buscar diálogo para ver cómo se pueden reabrir los portones de una forma pacífica, o si, por el contrario, escogen abrirlos de forma violenta”, sostuvo el portavoz del colectivo Docentes Solidarixs con el Movimiento Estudiantil-RUM, Marcel Castro Sitiriche.

Pese a la primera orden judicial de la semana pasada para la reapertura del recinto, los alumnos han permanecido en los portones exigiendo la renuncia tanto de Muñoz Muñoz como de Jordán Conde, entre otros reclamos presupuestarios y de una gobernanza universitaria sin intervención político partidista.

Ayer, lunes, el Tribunal de Mayagüez ordenó nuevamente la reapertura, por lo que Jordán Conde advirtió, en comunicado de prensa, que la UPR continuará “actuando con prudencia, responsabilidad y firmeza para salvaguardar el derecho a la educación, la seguridad y el acceso de toda la comunidad universitaria, en cumplimiento con las determinaciones judiciales emitidas”.

Este martes, de hecho, la administración inició la remoción de objetos que bloquean algunas entradas del RUM.

Castro Sitiriche, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, recalcó que “casi nadie quiere que se use la violencia en contra de los estudiantes”. “Parte de la solidaridad de Docentes Solidarixs es evitar que haya atropellos contra los estudiantes de parte de policías, si hubiera alguna intervención. Nos preocupa y, a veces, nos afecta el sueño pensar que hay jóvenes que se están exponiendo a ese tipo de violencia”, añadió.

“La renuncia de la presidenta ayudaría mucho en la negociación con los estudiantes. Los estudiantes han logrado muchas cosas: el pueblo está hablando de la fórmula de 9.6%, la prensa ha acudido a buscar cuáles son los reclamos y los abusos de la Junta de Control Fiscal, que nos cuestan vidas”, continuó el educador, con 18 años en la UPR.

“No se han atendido los reclamos, pero sí han atendido otras cosas con premura. Que le den la importancia a que nuestra Universidad se mantenga libre y accesible para nuestros estudiantes; eso no es lo que va a pasar si continúan con el Plan Fiscal. El miedo real está en que la Universidad deje de ser nuestro lugar seguro, deje de ser nuestra casa y sustento”, dijo, en tanto, Rayna Ramírez Vázquez, estudiante subgraduada del RUM.

Se espera que el Consejo General de Estudiantes del RUM celebre este jueves, a las 10:30 a.m., una asamblea extraordinaria.