El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, arremetió este martes contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por su oposición al proyecto que busca elevar a $1,000 la pensión mínima de los jubilados del gobierno y sostuvo que existen alternativas para identificar los recursos necesarios para costear el aumento.

En el programa de noticias Lo de Hoy, de El Nuevo Día, Rivera Schatz cuestionó que el ente fiscal objete la medida por falta de fondos, mientras Puerto Rico continúa sufragando sus gastos operacionales, incluidos salarios de funcionarios, abogados, contadores y otros contratistas.

“El director ejecutivo de la Junta, no el de ahora, desde siempre, gana cientos de miles de dólares. Gana más que el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos juntos. El sueldo de ese director ejecutivo, los contratistas, abogados, contadores, etcétera, ellos facturan millones. Llevan diez años”, expresó el líder senatorial.

Insistió en que, a su juicio, el costo de operación de la Junta no se ha reducido a pesar de que gran parte de los procesos de reestructuración de deuda ya culminaron.

“¿Sabes por qué no se ha resuelto? Porque quieren seguir cobrando y quieren seguir facturando. Entonces, diez años más tarde, teniendo menos asuntos que resolver, nos sigue costando lo mismo”, sostuvo.

Rivera Schatz agregó que esos gastos son sufragados por el gobierno de Puerto Rico y utilizó ese argumento para defender que se identifiquen alternativas para financiar el aumento a los pensionados.

Las expresiones de Rivera Schatz se producen luego de que la JSF se opusiera formalmente el lunes al Proyecto de la Cámara 1399, presentado por la gobernadora Jenniffer González Colón, al advertir que la medida no cuenta con fondos identificados en el presupuesto y que, además, chocaría con la prohibición contenida en el Plan de Ajuste de la Deuda de alterar los beneficios de retiro hasta 2032.

En una misiva, el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, sostuvo que “establecer una obligación de pensiones recurrentes sin contabilizar ni financiar plenamente todos sus costos es fiscalmente irresponsable” y advirtió que una determinación de ese tipo podría poner en riesgo la disciplina fiscal alcanzada tras la reestructuración de la deuda pública.

Un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó que elevar la pensión mínima a $1,000 tendría un impacto fiscal de aproximadamente $232.6 millones anuales y beneficiaría a unos 53,481 jubilados que actualmente reciben esa cantidad o menos.

Cuestionado sobre los planteamientos de que la propuesta debió presentarse con una fuente de financiamiento previamente identificada, Rivera Schatz insistió en que existen partidas que podrían revisarse para allegar los recursos.

Entre las partidas que, a su juicio, podrían revisarse para allegar recursos, mencionó los millones destinados a Miss Universe, Power Expectations, los clientes de Politank y otros contratos que han sido objeto de escrutinio por parte de la JSF.

“Ahí hay suficiente dinero para ir haciendo ajustes y recortes, además de que se ha ido recaudando y se está pagando menos de la deuda. Así que es voluntad y liderato”, sostuvo.

Rivera Schatz también cuestionó que el ente fiscal intervenga en contrataciones que podrían alcanzar los $10 millones, pero objete asignaciones de $2.5 millones para los municipios y la búsqueda de alternativas para elevar a $1,000 la pensión de más de 53,000 jubilados.