El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, envió, en la tarde del martes, un referido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra la subsecretaria de la Gobernación, Itza García.

En una carta, Rivera Schatz denunció “posibles violaciones” de García al Código Penal, a la Ley Orgánica de la OEG y al Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.

El referido se basó en alegaciones contenidas en una declaración jurada del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, contra el secretario de la gobernación Francisco Domenech.

Rivera Schatz señaló que, según la declaración jurada, García presionó a Negron Reichard “al menos en dos ocasiones, a través de varios acercamientos mediante mensajes de texto, para que el DDEC solicitara a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en destaque a la esposa del señor Manuel ‘Manolo’ Torres, presidente de Politank, en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)”.

Además, añadió que Negrón Riechard se negó, planteando que “sería un problema tener a la esposa del presidente de Politank en la oficina encargada de los permisos en Puerto Rico”.

También indicó que, de haber ocurrido, en momentos en que Politank gestionaba el proyecto Opus Miramar con créditos contributivos de $120 millones, “habría situado a una persona vinculada a la firma cabildera dentro de la estructura gubernamental ante la cual esta gestionaba intereses económicos”.

Mientras, el referido denunció una gestión directa de García para la contratación de su pareja en la OGPe.

Sostuvo que, según Negrón Reichard, recibió una llamada directa de Domenech en la que supuestamente le ordenó contratar “al compañero sentimental de la Subsecretaria de la Gobernación”.

Asimismo, añadió que “la propia Subsecretaria de la Gobernación remitió directamente” a Negrón Reichard “la propuesta para la contratación de su pareja sentimental en la OGPe el 9 de noviembre de 2025, y dio seguimiento personal a esta gestión varias veces, incluyendo el 5 de diciembre de 2025”.

Denunció que ese seguimiento directo “sobre la contratación de su propia pareja sentimental es, en sí mismo, evidencia adicional del patrón de intervenciones indebidas en asuntos donde mediaba un interés personal directo”.

De igual forma, alegó que hubo destrucción de evidencia a través de mensajes borrados.

Citando la declaración de Negrón Reichard, el referido indicó que “la Subsecretaria de la Gobernación destruyó evidencia que corrobora estas acciones al borrar todos los mensajes que intercambió” con el exfuncionario del DDEC.

No obstante, destacó que se conservan “dos reenvíos de textos originados por la Subsecretaria” que, por la mecánica de la plataforma de mensajería, que preserva la identificación del remitente original en los reenvíos, “evidencian y establecen la intervención de la Subsecretaria en este asunto”.

El referido plantea que “el borrado deliberado de comunicaciones oficiales pertinentes a una investigación en curso, senatorial y del Panel, constituye, de corroborarse, conducta tipificable como destrucción de pruebas y susceptible de agravar la responsabilidad de su autora”.

Asimismo, sostuvo que de la declaración de Negrón Reichard se desprende que “un patrón en el cual el Secretario y la Subsecretaria de la Gobernación gestionaban, cada uno, asuntos que beneficiaban directamente a personas vinculadas al otro, incluyendo la contratación de la pareja de la Subsecretaria y la presión para contratar a la esposa del presidente de la firma de cabildeo Politank, en lo que constituye un esquema recíproco diseñado intencionalmente para eludir y evitar cumplir con, sus respectivos deberes de inhibición”.

También planteó que presuntamente las actuaciones de cada uno podrían considerase como una “conspiración y coautoría”.

“La conducta de ambos funcionarios, que surge del testimonio bajo juramento, demuestra una clara intención de burlar los procesos gubernamentales establecidos con el propósito de beneficiarse mutuamente. Surge de dicha declaración que ambos actuaron en concierto y común acuerdo a los efectos de conseguir un beneficio no permitido en ley”, denunció.

Por su parte, García rechazó, mediante declaraciones escritas, las imputaciones y aseguró que “son totalmente falsas”.

“A través de los medios de comunicación, he tomado conocimiento de los referidos realizados por el Presidente del Senado de Puerto Rico. No estaré litigando este asunto en los medios de comunicación”, expresó la funcionaria.

La subsecretaria sostuvo que el referido “se basa en las mismas alegaciones falsas presentadas por el exsecretario del DDEC que ya fueron referidas al OPFEI y demás foros. Quiero dejar claro que dichas alegaciones de presión o conflictos son totalmente falsas y así se demostrará en su día”.

“Siempre he creído que la confianza en las instituciones se fortalece cuando permitimos que los procesos sigan su curso con serenidad, responsabilidad y respeto. Durante toda mi carrera en el servicio público he actuado con integridad, transparencia y estricto apego a la ley. Esa ha sido la forma en que he desempeñado cada una de las responsabilidades que las distintas administraciones me han confiado, y será también la manera en que enfrentaré este proceso”, añadió la funcionaria.

“Confío plenamente en que, eventualmente, los hechos serán evaluados de manera objetiva, con la totalidad de la evidencia y dentro del debido proceso que garantiza nuestro ordenamiento jurídico.Mientras ese proceso continúa, seguiré enfocada en las responsabilidades que me han sido encomendadas por la Gobernadora de Puerto Rico con el mismo compromiso, profesionalismo y sentido del deber que han guiado mi trayectoria en el servicio público. Por respeto a los procesos, estas serán mis únicas expresiones sobre el asunto”, enfatizó.