El papa León XIV rezó el sábado por el fin de la violencia que azota a Perú, abordando una de las preocupaciones más apremiantes de su patria adoptiva durante visitas a su antigua catedral y a una comunidad remota en la que fuera su diócesis.

En la catedral de Chiclayo, León encomendó su pontificado a la Virgen María en una ceremonia especial, antes de viajar a Santa Cruz de Succhabamba, situada entre exuberantes montañas verdes, cerca de los confines de la diócesis.

El viaje reflejó su convicción de que los pastores deben llegar a las periferias para atender a sus rebaños.

León —cuyo nombre original es Robert Prevost— es muy querido en la región por haber ido más allá de la sacristía para servir a comunidades pobres y alejadas. Cuando era obispo, él mismo realizaba el difícil trayecto hasta Santa Cruz de Succhabamba al volante de su camioneta.

“Todos conocemos el gusto del papa por los automóviles”, comentó el reverendo Kevin Noriega, encargado de los servicios pastorales, antes de la misa. “Él conducía a todas partes”.

Antes de partir, León dirigió una oración especial en la Catedral de Santa María de Chiclayo, donde ejerció como obispo entre 2014 y 2023. Habló de la “oscuridad” que envuelve a Perú, en referencia al incremento de la delincuencia en un contexto de inestabilidad política.

La tasa de homicidios casi se ha duplicado en los últimos cinco años, pasando de 5.8 a 10.7 por cada 100,000 habitantes. Según datos oficiales, las denuncias por extorsión aumentaron de 2,421 en 2019 a 26,734 en 2025.

“Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de una violencia generalizada y por el sufrimiento indescriptible que sigue afligiendo a tantos de nuestros hermanos y hermanas”, dijo León en la catedral. “Sin embargo, a pesar de esta oscuridad, que a menudo empaña nuestra esperanza y debilita nuestra confianza, el don de Dios sigue brillando ante nuestros ojos”.

La conservadora Keiko Fujimori asumió el cargo en julio tras prometer combatir la delincuencia, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos. Desde entonces, ha declarado estados de emergencia, incluso en Lima en agosto y, en septiembre, en prisiones que albergan a reclusos vinculados a organizaciones criminales.

Fujimori también ha tomado medidas para fortalecer los lazos con Washington, integrando a Perú en el “Escudo de las Américas”, una coalición regional liderada por Estados Unidos, creada para llevar a cabo operaciones militares conjuntas contra los cárteles de la droga.

En Santa Cruz de Succhabamba, León reconoció la tentación de responder a la injusticia con violencia, pero instó a adoptar una respuesta distinta.

“El egoísmo, la injusticia y el mal no se vencen con brutalidad, sino con oración, paciencia y perseverancia en la denuncia de lo que está mal; planteando nuestras demandas con determinación y trabajando con diligencia para lograr los cambios necesarios”, afirmó.

El país también se enfrenta a la minería de oro ilegal generalizada y es el segundo mayor productor mundial de hoja de coca —materia prima para la cocaína—, solo por detrás de Colombia, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Se espera que León, quien fue recibido con gran entusiasmo en Chiclayo el viernes, aborde estas cuestiones cuando se reúna el domingo con pueblos amazónicos e indígenas.

Representantes de comunidades indígenas solicitaron un encuentro con el papa en Chiclayo para exponer otra preocupación urgente: la pérdida de tierras ancestrales a manos de empresas vinculadas al influyente movimiento católico peruano Sodalitium Christianae Vitae (Sodalicio de Vida Cristiana).

Miembros de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos exigen justicia y reparaciones por parte de la Iglesia. Alegan que empresas vinculadas al Sodalitium utilizaron demandas judiciales y mecanismos opacos de titulación de tierras para intentar desalojarlos.

El papa Francisco, quien apoyó la campaña de los habitantes, suprimió el Sodalitium el año pasado, poco antes de su fallecimiento. Sin embargo, los miembros de la comunidad señalan que el grupo conserva influencia económica en el Perú y exigen que el Vaticano tome medidas adicionales.

“Reconocemos la importancia de suprimir el Sodalitium Christianae Vitae. No obstante, consideramos que esta decisión —por significativa que sea— no puede marcar el final de un proceso que aún tiene obligaciones pendientes para con las víctimas”, declaró el sábado Fiorella Martínez, representante de la comunidad, durante una conferencia de prensa, al leer una carta dirigida a Leo.

Los conflictos se remontan, al menos, a una década atrás, cuando empresas vinculadas a la agrupación iniciaron procesos legales para desalojar a agricultores de miles de hectáreas en Catacaos, tras una serie de transferencias de tierras que los agricultores no reconocían. Decenas de personas fueron procesadas por presunta “usurpación”, y dos líderes comunitarios murieron por disparos durante enfrentamientos relacionados con los intentos de desalojo.

León conoce bien el conflicto. En su etapa como obispo de Chiclayo, actuó como enlace de la jerarquía episcopal peruana para atender a las víctimas del Sodalitium.

En mayo, la jerarquía católica peruana llevó a cabo una ceremonia simbólica de reparación para los pueblos indígenas que habían perdido sus tierras.

Tania Pariona, secretaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Perú, lo calificó de “gesto histórico” y señaló que la Iglesia “está tomando la delantera frente al Estado, que ha fallado en proteger a las comunidades rurales”.

El sábado, pidió que se tomaran más medidas.

“Exigen la restitución de sus tierras, el derecho a su territorio y protección para quienes defienden dicho territorio; para nuestros hermanos que también sufrieron abusos sexuales por parte del Sodalicio, exigimos esa misma justicia, esa misma reparación”, afirmó.