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“Johnny” Méndez propone una reforma agrícola y una nueva ley orgánica para el Departamento de Agricultura

El presidente cameral recalcó que el marco vigente exhibe una carga burocrática excesiva para el funcionamiento de la industria

14 de noviembre de 2026 - 3:35 PM

Los proyectos de Méndez derogan o enmiendan decenas de leyes existentes. (Xavier Araújo)

A días de cerrar la sesión ordinaria, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, introdujo un proyecto que crearía el “Código de Modernización Agrícola”, acompañado de una segunda pieza legislativa para reemplazar la ley orgánica del Departamento de Agricultura, medidas que cuentan con el aval del secretario de la agencia, Irving Rodríguez Torres.

El código propuesto, de 361 páginas, deroga más de una veintena de leyes que serían modificadas “sustancialmente” o “por desuso”, consigna la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara (PC) 1594. Mientras, el PC 1593, deroga el Plan de Reorganización 4-2010, que actualmente dispone la estructura del Departamento de Agricultura y las dependencias bajo su sombrilla.

Ambos proyectos –presentados el pasado jueves, 12 de noviembre– son de la autoría de Méndez y el presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara, José “Joe” Colón Rodríguez.

“El Departamento de Agricultura se creó en diciembre de 1917 y, desde entonces, aunque se han realizado cambios a su ley orgánica, y muchas otras enmiendas, el eje burocrático continúa siendo el mismo. Es hora de cambiar eso, de traer a esta agencia a la tercera década del siglo 21 con la visión de promover activamente y con herramientas, la actividad agrícola en Puerto Rico”, señaló Méndez, en un comunicado de prensa.

Puntualizó que las dos medidas pretenden diseñar una estructura centrada en los agricultores y la producción agrícola. El comunicado destaca que, según el Departamento de Hacienda, en 2024, el sector agrícola generó $877.13 millones, el equivalente al 1.4% del Producto Nacional Bruto del país.

Mientras, se estima que la industria emplea a unas 13,000 personas de manera directa y a otros 30,000 indirectamente.

Méndez sostuvo que, además de procurar eficiencias administrativas en el funcionamiento del Departamento de Agricultura, los proyectos de ley lograrían preservar terrenos de alto valor agrícola mediante la creación de reservas, servidumbres de preservación y otras vías legales.

Al presentarse en la última fecha para la aprobación de proyectos nuevos sin que se tomara acción en el pleno, las medidas quedarán para evaluación en la próxima sesión ordinaria, que inicia en enero.

“Nuestra prioridad es que el agricultor pueda concentrarse en producir, generar empleos y desarrollar su negocio, mientras avanzamos hacia una mayor producción local de alimentos y una agricultura económicamente más sólida para Puerto Rico. Los proyectos de ley derogan leyes inoficiosas, modernizan procesos y reducen burocracia. Siempre respetaremos cualquier sugerencia para mejorar los proyectos que surgen durante el proceso legislativo y vistas públicas”, expresó, por su parte, Rodríguez Torres.

De acuerdo con el parte de prensa, la reforma aborda las condiciones laborales en el sector, con una propuesta de salario mínimo que aumentaría escalonadamente y reconocería el derecho al descanso. Asimismo, incluiría subsidios gubernamentales ascendentes al 50% del salario mínimo federal para empleados de agricultores bonafide.

Méndez señaló que, por medio de los proyectos, se reinstalaría un crédito de 50% por inversión agrícola hasta un tope de $350,000 anuales por negocio elegible. Asimismo, se dispondría una asignación anual de $12 millones para financiar los créditos contributivos.

En el Código de Modernización, en tanto, se propone que, para 2030, el 30% de los alimentos que adquiera el Departamento de Educación provenga de agricultores locales.

La Carta de Derechos y Deberes del Agricultor, por otro lado, se modificaría para fortalecer las protecciones ante reclamaciones “irrazonables” vinculadas a las operaciones agrícolas, entre ellas, las relacionadas con ruidos, olores o movimientos de maquinaria, sin afectar la responsabilidad por actos negligentes.

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