Paola Gárate Valenzuela, diputada en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste) por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció que recibió una corona fúnebre la noche del miércoles en su domicilio, en el municipio de Culiacán, capital de Sinaloa (noroeste).

“Entiendo el miedo que le da a mi familia, que le da a mis amigos, que le da a mi equipo, a la gente que me conoce”, subrayó Gárate en una declaración ante los medios de comunicación sobre el suceso que ya está siendo investigando por las autoridades.

Según informaron de medios locales, la corona fúnebre fue colocada por desconocidos en la puerta de su domicilio, donde se encontraba la política en el momento de los hechos.

El arreglo floral tenía una banda con el texto ‘fam. Gárate Valenzuela’, en alusión a los apellidos de la familia de la política.

La diputada de Sinaloa explicó que, tras lo sucedido, a su domicilio llegaron agentes y policías de investigación para recabar datos y prestarle declaración, así como una patrulla de vigilancia que todavía permanece en el lugar.

“Pediría a la fiscalía que se investigue por una línea política esta situación (...) Quiero en la mayor medida continuar la verdad con mis compromisos, con mi responsabilidad”, manifestó.

La política del PRI insistió en que “no está dispuesta a bajar la voz por miedo”, al tiempo que reconoció que luchar por la “seguridad que anhelamos” va a implicar un “riesgo” porque “incomoda al poder”.

Sinaloa es uno de los principales focos de la violencia que vive México, particularmente desde 2024 por la guerra interna entre facciones del Cartel de Sinaloa.

La propia Gárate fue secuestrada por hombres armados durante varias horas en 2021 antes de la elección para elegir al gobernador de Sinaloa, una contienda que acabó ganando Rubén Rocha Moya, de Morena, mismo partido que el de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hace más de un mes, Rocha Moya pidió licencia para apartarse temporalmente de su cargo después de que el Departamento de Justicia estadounidense le acusara formalmente, junto a otros nueve funcionarios, de delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas.

Dos de los acusados se entregaron a las autoridades del país vecino, en un caso que tensó la relación entre los dos países.

Por el momento, el Gobierno mexicano rechaza la detención urgente de los señalados y reclama pruebas a Washington que justifiquen la extradición.