Bajo presión pública y críticas, el gobernador admitió que el servicio "no es justo" y le canceló el contrato a Gila, empresa que hasta hoy administraba el sistema de AutoExpreso.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció hoy la cancelación del contrato con la empresa Gila que administra el sistema de AutoExpreso así como la cancelación de todas las multas que no hayan sido pagadas hasta el día de hoy por los conductores.  

Asimismo, el primer ejecutivo convirtió en ley el proyecto 1724 que reduce las multas de $50 a $15 por transitar por un peaje sin dinero en una cuenta.

Esas multas van a ser borradas para hacerles justicia a los ciudadanos", dijo el primer ejecutivo en una conferencia de prensa desde La Fortaleza y en compañía del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, y varios legisladores.

No obstante, quienes ya pagaron las multas no recibirán un reembolso. 

Rosselló Nevares anticipó que se propone convertir en ley el proyecto 1723, de la autoría del representante Jorge Navarro, que, según dijo, “establece un proceso justo de revisión”.

Respecto a la cancelación del contrato con Gila, el gobernador dijo que se está utilizando la cláusula del contrato denominada “take over”. De esta forma, Gila debe continuar operando el sistema de Autoexpreso por 90 días.

De inmediato, el vicepresidente de operaciones de Gila, Luis Alberto Sánchez, adelantó que la empresa hará “valer su derecho” para que el gobierno cumpla “al pie de la letra con los acuerdos contractuales”. 

“La empresa considera que es desacertado que se tomen este tipo de determinaciones arbitrarias, basadas en anécdotas, argumentos falsos y decisiones motivadas por intereses particulares y agendas políticas. GILA LLC responderá, y estamos evaluando el cumplimiento cabal de los acuerdos establecidos en el contrato para defender la reputación de esta empresa”, manifestó  Sánchez a través de un comunicado.

Preguntado sobre la posibilidad real de que la empresa demande al gobierno, Rosselló Nevares insistió en la sección 24.4 del contrato que establece que solo bastaría con que el gobierno notifique la decisión de dar por terminado el contrato con 90 días de anticipación. No abundó sobre las repercusiones para las atribuladas finanzas del Estado.  

“La decisión (de cancelar el contrato) es porque no queremos seguir cargando con un servicio que no es efectivo y que no es justo. Es así de sencillo. Pueden haber todas las ramificaciones y amenazas, que las hagan que nosotros vamos a tomar una acción porque está en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, destacó.  

No precisó cuáles serán los mecanismos que se le introducirán al sistema de Autoexpreso para corregir sus deficiencias que incluyen no proveer a los conductores unas 72 horas para recargar su cuenta antes de emitir una multa o no registrar de manera instantánea el dinero que es colocado en una cuenta por un usuario.

Aunque reconoció que la Junta de Supervisión Fiscal tiene la última palabra respecto a esta medida que cancela todas las multas, incluso las otorgadas por la empresa TransCore que operaba el sistema digitalizado antes de Gila, Rosselló Nevares se mostró confiado en que tendrá el aval del ente a cargo de las finanzas de la isla.

Explicó que cuando las multas eran de $15, el Estado concedía 120,000 multas y tras subirse la infracción a $50 se emitieron 42,000  multas.

“Por qué si tenemos esa evidencia, no vamos a actuar sobre ella”, sostuvo el gobernador.

No precisó cuántos eran los recaudos cuando las multas estaban fijadas en $15 versus cuando eran de $50.

El secretario del DTOP aclaró que los conductores con multas deben acudir al Centro de Servicios al Conductor y al momento de renovar los marbetes, se le borran las multas. Aquellos que no tengan que renovar el marbete, el secretario aseguró que verán las multas canceladas cuando se sometan a este proceso.

Agregó que ahora emitirán una solicitud de propuestas para contratar a una nueva compañía. Sin embargo, inmediatamente a la salida de Gila habrá una “empresa de transición”, que no precisó cómo sería escogida. Pero dijo que no puede participar de la subasta.

Las medidas anunciadas por el primer ejecutivo responden a las múltiples quejas de ciudadanos que alegan han recibido multas bajo condiciones irregulares que incluyen no haber transitado por el peaje o no haber sido alertados de no poseer dinero en sus cuentas.

Advertencia de la Junta Fiscal

“La decisión (de reducir las multas y exonerar las deudas) no fue consultada, y la postura de la Junta está consignada en las cartas que se le enviaron a la Legislatura sobre los proyectos 1723 y 1724”, dijo el portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Luis Cedeño.

Se refirió a una misiva del pasado 4 de septiembre, en la que el ente a cargo de las finanzas de la isla estableció que tanto el proyecto 1723 como el 1724 “privan al Fondo General de ingresos que el plan fiscal  asume serán recaudados y que forman parte de los ingresos proyectados”. La advertencia es extensiva a la cancelación automática de las deudas acumuladas. 

A preguntas de la prensa, Rosselló Nevares reconoció que la JSF puede rechazar la medida firmada. También aceptó que no consultó con el ente la reducción de las multas. 

“Sigo disponible para tener esa conversación. Espero poder tenerla y entonces poder arribar a alguna solución. Si hay algún otro cambio que se tiene que hacer, estamos disponibles para hacerlo”, sostuvo. 

Aseguró que el impacto para el fisco era “neutral” basado en la cantidad de multas emitidas. Precisó que, cuando las multas eran de $15, unos 120,000 conductores pagaron. Cuando las multas fueron elevadas a $50, unos 42,000 conductores pagaron la sanción.

Afirmó que esa será la “pieza clave”  que le proveerá a la JSF para que vea que la nueva ley es “neutral”. 

Rosselló Nevares dijo  que “la revisión de la historia es una cosa que podemos discutir por muchas horas” cuando se le preguntó si su administración no estaba entrando en controversias al oponerse a la voluntad de  la Junta. 

“Nosotros estamos planteando lo que es una evidencia de los recaudos y una acción para cumplir con el pueblo y con los recaudos”, sostuvo el primer ejecutivo. 

Con la reducción de las multas y la cancelación del contrato, el DTOP se propone emitir una solicitud de propuesta para contratar otra empresa. Antes de la selección, dijo el secretario Carlos Contreras,  habrá   una “empresa de transición”. No precisó cómo sería escogida, pero aclaró que Gila  no podría participar en la  subasta.

Ante el anuncio del gobierno, los representantes populares Ramón Luis Cruz y Jesús Manuel Ortiz señalaron que aún no hay explicaciones sobre cómo se corregirán las deficiencias con el AutoExpreso.


💬Ver 0 comentarios