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La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, insistió este lunes en que la querella administrativa en contra de sus suegros -imputados de construir ilegalmente en un área de mangles de La Parguera- es un caso de persecución política de parte de la administración de Pedro Pierluisi.

“Tienes una agencia de gobierno con una motivación plenamente política que le radica una querella a unos ciudadanos particulares exclusivamente porque son mis suegros”, sostuvo González, quien reta a Pierluisi por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), en referencia al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

En una conferencia de prensa en San Juan, González reaccionó a la decisión de la oficial examinadora del DRNA, María Ortega Ramírez, de declarar en rebeldía a los suegros de la comisionada por entender que han tenido un patrón de incumplimiento con el trámite del caso administrativo.

La investigación del Cuerpo de Vigilantes del DRNA en contra de los suegros de González, José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, sostiene que construyeron una extensión de su residencia, en La Parguera, sobre los mangles de esa zona, en Lajas.

La oficial examinadora que atiende las presuntas violaciones ambientales fijó el inicio de la vista en su fondo para el 16 de mayo, tras declarar en rebeldía a la parte querellada.

“La información que tengo es que el licenciado Miguel Torres Torres, que es el abogado de mis suegros, presentó oportunamente unas mociones -porque esto cayó en el receso de Semana Santa-, pidiendo prórroga para la entrega, y así lo entregó… Pero el Departamento de Recursos Naturales aparentemente quería cerrar esto más rápido”, sostuvo González.

La comisionada, por otro lado, evitó comentar sobre las denuncias del precandidato del Partido Popular Democrático (PPD) al Senado Carlos Díaz Sánchez sobre posibles violaciones ambientales en dos propiedades de alquiler a corto plazo del hijo menor del gobernador, Anthony Pierluisi.

En una conferencia de prensa la mañana del lunes, el gobernador rechazó cualquier irregularidad o ilegalidad relacionada con las propiedades de su hijo, ubicadas en Guánica, al argumentar, entre otras cosas, que fueron construidas en la década de 1960, no ha habido construcciones ni modificaciones recientes, y pagan los impuestos correspondientes.