Algunos de los principales líderes republicanos de Tennessee afirmaron el lunes que quieren estudiar formas alternativas de ejecutar a los condenados a muerte tras el fracaso de la ejecución de Christa Pike, en la que se utilizó una dosis elevada de pentobarbital.

La senadora estadounidense Marsha Blackburn, candidata republicana a la gobernación del estado, afirmó que la ejecución fallida de Pike la semana pasada “no debería ser motivo para suspender la aplicación de la pena de muerte”. Más bien, señaló, Tennessee debe replantearse la forma en que lleva a cabo las ejecuciones.

“Ya sea mediante inyección letal o en la silla eléctrica, lo que sí sabemos es que tenemos que encontrar la manera de llevarlo a cabo —y hacerlo con éxito—”, declaró Blackburn a The Associated Press.

Los principales líderes legislativos ya han hablado con Blackburn sobre posibles cambios en la legislación estatal relativa a la pena de muerte durante su sesión de 2027.

“Queremos ampliarlo e incluir más métodos”, afirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Cameron Sexton. “A día de hoy, no estoy seguro de cuáles son. Pero no creo que haya ningún método que se descarte en este momento”.

La mayoría de los estados de Estados Unidos que permiten las ejecuciones utilizan la inyección letal como método principal, aunque Carolina del Sur establece como método por defecto la electrocución e Idaho, el pelotón de fusilamiento, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Algunos estados permiten a los condenados elegir el método de ejecución. La muerte por electricidad o gas está autorizada en nueve estados, incluidos cinco que especifican el uso de gas nitrógeno, según el centro. Cinco estados autorizan el pelotón de fusilamiento.

Florida, que este año ocupa el primer puesto del país en cuanto a ejecuciones, utiliza una inyección letal compuesta por tres fármacos: un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón.

Los procedimientos de ejecución de Tennessee han sido objeto de atención a nivel nacional desde el miércoles, cuando los funcionarios de la prisión administraron a Pike dos dosis de un barbitúrico que se suponía que serían letales, pero que finalmente no la mataron. Pike permanece hospitalizada bajo vigilancia, inconsciente y conectada a un respirador, con ampollas y quemaduras en los brazos provocadas por el fármaco, según han informado sus abogados.

Pike, que ahora tiene 50 años, fue condenada a muerte por la tortura y el asesinato, en 1995, de una compañera de clase, Colleen Slemmer. Pike tenía 18 años en aquel momento y se convirtió en una de las mujeres más jóvenes en ser condenadas a muerte.

El gobernador republicano Bill Lee, cuyo mandato finaliza en enero, suspendió la única ejecución prevista para este año y ordenó una investigación independiente sobre el sistema de pena capital del estado tras el fracaso de la ejecución de Pike. El sábado anunció que el comisario del Departamento de Instituciones Penitenciarias dimitirá.

Blackburn afirmó que se necesita un cambio integral: “Habrá que abordar cuestiones relacionadas con el personal, los procesos, los procedimientos y los protocolos”.

La legislación de Tennessee ya permite la electrocución si el departamento no puede llevar a cabo la inyección letal a pesar de haber realizado todos los esfuerzos razonables para ello. La legislación estatal también ofrece a las personas que cometieron delitos antes de 1999 la opción de elegir la electrocución.

Entre 2018 y 2020, cinco reclusos de Tennessee optaron por la electrocución. Esa podría seguir siendo una opción para unas dos docenas de las 40 personas condenadas a muerte.

Sexton afirmó que la Asamblea Legislativa podría plantearse modificar la ley para que el Estado pueda elegir entre distintos métodos de ejecución.

El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, William Lamberth, ha declarado que está dispuesto a que la electrocución se convierta en el principal método de ejecución del estado. Sin embargo, independientemente del método, Lamberth ha señalado que no quiere que la aplicación de ningún cambio se retrase demasiado.

“Queremos que estas condenas se cumplan de forma eficaz, eficiente y humana”, afirmó, y añadió: “Hagamos lo que hagamos, no quiero que ello retrase la justicia para las familias de estas víctima”.

El senador estatal republicano Todd Gardenhire, presidente de la Comisión Judicial del Senado, afirmó que espera que se lleve a cabo un análisis minucioso de lo que falló y de qué medidas se pueden adoptar para mejorar el proceso de ejecución.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.