Cerca de 30 máquinas ilegales de juegos de azar en ruta, comúnmente conocidas como tragamonedas, y $8,347 en efectivo fueron ocupados en un operativo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (CJPR) y la Policía de Puerto Rico.

En comunicado de prensa, la CJPR indicó que las intervenciones están relacionados con esfuerzos de fiscalización tras la entrada en vigor del nuevo reglamento de confiscaciones adoptado bajo la ley vigente.

Explicó que durante el operativo se intervinieron dos establecimientos comerciales en la zona metro. Señaló que en el Colmado y Cafetería Caribe, en San Juan, se ocuparon 12 máquinas y $7,910 en efectivo. Mientras, en el negocio Mi Gente 2GO, ubicado en el sector Las Palmas en Cataño, se ocuparon 17 máquinas y $437.

Destacó que este operativo representa el segundo realizado por la Comisión desde que entró en vigor el Reglamento de Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, adoptado conjuntamente por la Comisión de Juegos y la Policía de Puerto Rico para establecer el procedimiento formal para estas intervenciones.

“Las máquinas de juegos de azar en ruta solo pueden operar dentro del marco legal establecido y quienes ignoren la ley se exponen a ocupaciones, confiscaciones y las penalidades correspondientes”, expresó el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, en declaracione escritas.

Asimismo, el funcionario recordó que se había otorgado un periodo para que operadores y comerciantes pudieran regularizar sus máquinas y cumplir con los requisitos establecidos, tras la nueva ley y reglamento.

“La colaboración con la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico es fundamental para fiscalizar estos establecimientos, evitar prácticas ilegales y proteger tanto a los comerciantes que cumplen con la ley como a nuestras comunidades”, expresó por su parte el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González.

Según la Comisión, la ley dispone que todo dueño de máquina, operador, propietario de negocio o cualquier persona que opere una máquina de manera ilegal incurre en un delito menos grave y se expone a una pena de hasta seis meses de cárcel, multas de hasta $10,000, o ambas penas, a discreción del tribunal, además de la posible revocación de permisos.

Los recaudos generados por la operación legal de estas máquinas se distribuyen en un 55% al Fideicomiso del Retiro de la Policía de Puerto Rico, un 40% para los municipios y un 5% para los gastos operacionales de la Comisión de Juegos.

Santaella Marchán también exhortó a los ciudadanos a reportar confidencialmente cualquier comercio que opere máquinas ilegales a través del portal oficial de la agencia.

“Para confidencias pueden acceder a www.comjuegos.pr.gov bajo el Negociado de Juegos de Azar – Máquinas en Ruta”, exhortó el comunicado.