El juez Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne, del Tribunal de San Juan, determinó causa para juicio por un total de 135 cargos contra la patóloga del habla Jomarys Ainniz Agosto Cuevas, quien presuntamente mantuvo un esquema de fraude mediante el cual facturó y certificó terapias que nunca ofreció bajo el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, informó este miércoles el Departamento de Justicia.

Según indicó la agencia en declaraciones escritas, Agosto Cuevas enfrenta un cargo por fraude, cinco por apropiación ilegal agravada, 30 cargos por alteración y uso de datos personales en archivos, 30 cargos por falsedad ideológica, 30 por archivo de datos falsos y 30 por posesión y traspaso de documentos falsificados.

Agosto Cuevas enfrenta, además, cinco cargos por impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos y cuatro cargos de maltrato de menores.

La imputada renunció a su derecho a una vista preliminar, por lo que la vista de lectura de acusación se celebrará el 6 de octubre, seguido por el inicio del juicio.

Justicia indicó que en la investigación trabajaron agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y un auditor de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), cuya auditoría sirvió de base en la recopilación de evidencia.

De acuerdo con la pesquisa, Agosto Cuevas, quien trabajaba para la compañía Piko Therapy —un proveedor autorizado de Educación— supuestamente facturó indebidamente 125 terapias que no fueron ofrecidas entre agosto de 2023 y enero de 2025, lo que resultó en un desembolso ilegal de $7,100 en fondos públicos.

La investigación también reveló que la profesional utilizó indebidamente la información de maestros de la escuela especializada Víctor Parés Collazo, en San Juan, para generar certificaciones falsas en la plataforma digital Mi Portal Especial.

“Estas acciones no solo defraudaron al erario, sino que también pusieron en riesgo la salud, integridad y desarrollo de menores con diversidad funcional entre los 3 y 21 años”, indicó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en el comunicado.

La funcionaria señaló, además, que, posteriormente, la imputada intentó persuadir a padres y encargados de los menores para que no declararan en su contra, lo que también constituye un delito.