Danielle Bertothy, la turista acusada por incendiar negocios en Cabo Rojo en enero pasado, podría iniciar negociaciones con la Fiscalía federal para declararse culpable y evitar enfrentar el juicio que iniciaría el 11 de agosto en el Tribunal federal en el Viejo San Juan.

Así consta en una minuta sobre una vista de estatus, que se celebró el 23 de mayo ante la jueza federal Gina R. Méndez Miró, pero cuyo contenido se hizo público hoy, jueves. La misma abre la puerta a alcanzar un acuerdo tras el incendio que afectó a cuatro negocios.

En la vista, Méndez Miró solicitó a la fiscalía informar sobre el descubrimiento de prueba, incluyendo evidencia suplementaria solicitada por la defensa, la posibilidad de sustituir la acusación, así como el estado de cualquier negociación de declaración de culpabilidad.

La fiscal auxiliar Corinne Cordero Romo confirmó que todos los elementos de descubrimiento de prueba solicitados por la defensa de la acusada fueron entregados la semana pasada, según la minuta.

Además, Cordero Romo informó que se le notificó a la defensa que, conforme a la política de la fiscalía, se debía presentar un paquete de mitigación dentro de 30 días para entablar negociaciones.

En el contexto de los tribunales federales, los paquetes de mitigación son documentos preparados por la defensa con el fin de obtener un resultado más favorable para el acusado, como parte de una negociación de culpabilidad o una sentencia.

“La defensa está trabajando en la presentación del paquete de mitigación solicitado por el Gobierno. No obstante, considera que el proceso es oneroso, ya que debe simultáneamente reunir documentos de mitigación para negociaciones de culpabilidad mientras litiga el caso”, dice la minuta.

Así las cosas, la jueza determinó que el plazo del juicio rápido permanecerá suspendido para dar espacio a que, entre otros asuntos, se concluya con la revisión de evidencia y “se inicien negociaciones de culpabilidad”, indica la minuta disponible en el expediente judicial.

“Desde la perspectiva del Gobierno, toda la evidencia disponible, incluyendo los datos extraídos, ha sido entregada por completo a la defensa según lo solicitado. Basado en las extracciones disponibles, el Gobierno no buscará presentar cargos adicionales contra la acusada. El Gobierno esperará a que la defensa determine si se contratará a un perito y si la acusada irá a juicio por jurado”, detalla la minuta en el expediente.

Conforme a lo expresado por la fiscalía, el licenciado Justin Gelfand, uno de los representantes legales de Bertothy, informó que el descubrimiento de prueba fue ampliamente discutido con su clienta el 22 de mayo.

“Queda un asunto pendiente que el Gobierno debe atender relacionado con evidencia suplementaria sobre la (unidad) K-9, específicamente los registros de otras investigaciones y cualquier falso positivo producido por el K-9 que pueda considerarse material Giglio”, añade la minuta revisada por El Nuevo Día.

El material de Giglio se refiere a cualquier evidencia que pueda socavar la credibilidad de un testigo, especialmente un testigo de las autoridades, en un caso penal. Este material suele estar relacionado con acuerdos o beneficios que el gobierno puede haber otorgado al testigo a cambio de su testimonio.

No obstante, la Fiscalía federal se opuso a la solicitud de la defensa relacionada con este tipo de evidencia, argumentando que era demasiado amplia, excesiva e irrelevante, detalla la minuta de la vista.

“El tribunal instruyó a las partes a resolver la disputa sobre el descubrimiento entre ellas. Si no se logra resolver y se requiere intervención del tribunal, las partes deberán presentar los escritos correspondientes para que el tribunal emita una decisión. Como ha sido enfatizado previamente, todas las partes deben hacer esfuerzos por avanzar el caso con celeridad y sin retrasos innecesarios", añade.

De otro lado, el abogado Gelfand informó en la audiencia judicial que la defensa ha contratado un perito que actualmente evalúa los documentos que han sido entregados por la fiscalía durante este proceso.

Para permitir que el perito complete su evaluación y presente un informe, el abogado Gelfand solicitó que se programe una nueva conferencia de estado.

Mientras, la fiscalía solicitó una orden para que la defensa presente el currículum del perito y una lista de publicaciones o casos donde haya testificado. La defensa accedió y la jueza concedió la solicitud.

De otro lado, la defensa también informó que enfrenta dificultades relacionadas con la salud de la acusada y el acceso a medicamentos.

Por tanto, la jueza instruyó a la licenciada Jennie Espada Ocasio, otra representante legal de Bertothy, a atender el asunto con el Centro Metropolitano de Detención (MDC, en inglés) en Guaynabo y a presentar una moción si se requiere la intervención del tribunal.

Tras escuchar las partes, la jueza estableció un calendario de fechas clave en el caso, comenzando con la cuarta vista de estatus, pautada para el 24 de junio, a las 9:00 a.m., en el Tribunal de Viejo San Juan.

Además, dispuso que el informe del perito de la defensa debe ser entregado a más tardar el 26 de junio de 2025, mientras que el juicio fue programado para el 11 de agosto, a las 9:00 a.m., con una duración estimada de no más de dos semanas.

Bertothy, de 36 años, enfrenta un cargo por causar intencionalmente un incendio que destruyó parte del edificio de un negocio, afectando el comercio interestatal.

Se le imputa como responsable del fuego en Luichy’s Seaside Hotel - que tenía 15 habitaciones ocupadas al momento de ocurrir el siniestro - y que causó daños estimados en cerca de $500,000.

Las llamas también afectaron otros negocios que eran inquilinos en la misma estructura: Marinera Restaurant, Bar Marea Combate y Artesanías Juavia.

La Fiscalía federal sostiene que Bertothy presuntamente llegó ebria al restaurante Bar Marea en la noche del 2 de enero y causó problemas a clientes y empleados, por lo que fue removida en dos ocasiones por policías municipales de Cabo Rojo.

Los agentes escoltaron a Bertothy hasta una casa de alquiler de corto plazo ubicada a corta distancia del restaurante Bar Marea. Después de que los empleados se fueron, supuestamente usó el contenedor de gasolina de un generador instalado en la residencia, alquilada a través de Airbnb, para comenzar el fuego, según la acusación.

El mismo día del arresto, el 17 de enero pasado, la Fiscalía federal presentó una moción solicitando que no se le permitiera salir bajo fianza por entender que representaba un peligro para la comunidad y de fuga, pues se fue de la isla en la mañana siguiente de los hechos, cambiando el pasaje que originalmente estaba para el 11 de enero.

También destacó que durante un allanamiento posterior por agentes federales en su casa, en Missouri, encontraron cocaína y un arma de fuego.

Sin embargo, tan reciente como el 23 de abril, El Nuevo Día reportó que un laboratorio forense no encontró rastros de combustible en ropa ocupada por las autoridades a la acusada, reveló la defensa.

En una vista pasada, Gelfand sostuvo que el resultado del laboratorio contradice el hallazgo de un can de la Unidad K9 utilizada por agentes federales cuando allanaron la residencia de Bertothy en Missouri.

“Un K9 (llamada) Laika alegadamente alertó positivo en ciertas pertenencias con relación a la presencia de material inflamable o acelerante”, recordó Gelfand en la sala judicial. “Eso fue inconsistente con los resultados de laboratorios”.