El licenciado Alex Spiro, quien ha representado a figuras públicas y celebridades de alto perfil, tales como el magnate Elon Musk, el rapero Jay-Z, el alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams y el fallecido exfutbolista Aaron Hernández, se unirá a la defensa del banquero venezolano Julio Herrera Velutini.

En ruta a la vista de alegación de culpabilidad ante la jueza de distrito Silvia Carreño Coll en el Tribunal federal, Spiro notificó a la corte que se unirá a la defensa del fundador de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, coacusado en el caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

La inclusión de Spiro consta en un documento de cinco páginas que se presentó ayer, martes, en el caso y que está disponible en el expediente de la nueva acusación que enfrenta el banquero por una violación a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

Con la llegada de Spiro, el equipo legal de Herrera Velutini queda conformado por ocho abogados, que incluyen a Robert Joseph Eatinger Jr., Ivan Feris, Jr., Jennifer Marie Hernandez, Sonia Torres Pabón, Lazaro Fields, Christopher Kise y Lilly Ann Sánchez, de acuerdo a los datos del expediente judicial.

Spiro -socio del poderoso bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan- fue contrato por Herrera Velutini con relación al caso que enfrenta en Puerto Rico, donde también está acusado el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Mark Rossini.

A lo largo de sus años de carrera, el licenciado se ha destacado por la complejidad de los casos que ha atendido, una lista que incluye al director ejecutivo de New England Patriots, Robert Kraft; el actor y comediante Alec Baldwin; el rapero estadounidense Bobby Shmurda; y la tenista Naomi Osaka.

La contratación de Spiro surge en momentos en que las partes tienen hasta el próximo 15 de julio para notificar al tribunal cuándo estarán haciendo sus alegatos de culpabilidad, en cumplimiento con la orden que emitió el martes la jueza, quien rechazó que el proceso se hiciera mediante videoconferencia.

“Aunque están ahora acusados de un delito menor, sigue siendo un delito que lacera la integridad de nuestro proceso electoral democrático.El delito imputado representa un ataque a un principio fundamental de nuestra sociedad democrática: elecciones libres y justas. En consecuencia, el Tribunal no ejercerá su discreción para permitir que las audiencias de lectura de cargos y alegatos sean celebradas por videoconferencias”, resaltó Carreño Coll.

En agosto de 2022, un gran jurado emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.

En resumen, todos los acusados enfrentaban cargos por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos. Sin embargo, Herrera Velutini también enfrentaba cargos que se relacionan con un esquema de soborno distinto.

No obstante, luego de una importante reunión celebrada este año en la capital federal, donde participaron altos mandos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las partes anunciaron que alcanzaron un acuerdo.

“Conforme a ese acuerdo, informaron que la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico ya no litigaría los cargos contenidos en la acusación formal”, añadió la togada.

Tras el acuerdo, los acusados pasaron de enfrentar los cargos antes mencionados a declararse culpables por una violación a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA).

“De manera sorprendente, la pena por violar la Sección 30121 de la Ley FECA es una mera palmadita en la mano en comparación con las sentencias que hubiesen enfrentado de haber sido encontrados culpables mediante el pliego original. Pero, la decisión del Gobierno de cambiar el rumbo en el último momento está permitida porque, en última instancia, es el Gobierno quien decide cómo va a ejercer su discreción procesal”, enfatizó Carreño Coll.

Presuntamente, Vázquez Garced; Herrera Velutini; Rossini, consultor profesional; y otras personas no acusadas formalmente participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora presuntamente reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini a cambio de contribuciones políticas y servicios de consultoría, según el documento judicial.

Este cambio de personal supuestamente ocurrió luego de investigaciones de la OCIF sobre posibles violaciones regulatorias por parte de Bancrédito.

Tras ser arrestados, los tres acusados habían hecho previamente alegación de no culpabilidad.

En cambio, se declararon culpables –por separado y cooperan con las autoridades– John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, y Frances Díaz, quien trabajó como ejecutiva en Bancrédito. Blakeman y Díaz son pareja.