Cinco personas fueron acusadas el lunes por presuntamente traficar cocaína desde San Lorenzo al estado de Connecticut mediante el Servicio Postal de los Estados Unidos.

Los imputados fueron identificados como Edgardo Castro Pérez, de 36 años; Roselyn Osorio Soto, de 38; Edgar Castro Pérez, de 27; Juan José Torres Ortiz, de 42; y Enrique Arroyo Robles, de 28.

Según un comunicado del Distrito Federal de Connecticut, la investigación contra la presunta organización criminal inició en junio 2025, cuando el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Postal detectaron el tráfico de los cargamentos de cocaína desde el archipiélago al estado por el correo postal.

Supuestamente Osorio Soto y Castro Pérez mandaban la droga por paquetes que llegaban de varias oficinas del correo en Puerto Rico a distintas direcciones en Connecticut.

De ahí era recolectada por Torres Ortiz, quien, según la fiscalía federal de Connecticut, la transportaba a Edgar Castro Pérez y Arroyo Robles para que la almacenaran hasta que llegara el momento de distribuirla.

Las residencias que presuntamente utilizaron se encuentran en Merlot Way, en Tolland y Woodland Drive en Hartford para almacenar no solo los narcóticos, sino también dinero en efectivo y armas de fuego.

En total, las autoridades federales detectaron 12 paquetes, de los cuales cuatro fueron verificados y en donde se encontraron múltiples kilogramos de cocaína.

El 17 de septiembre de 2025, los investigadores detuvieron a Edgar Castro Pérez en una residecia en Tolland y ocuparon uno de los paquetes que contenía aproximadamente tres kilogramos de cocaína.

Posteriormente, un tribunal dio paso a entrar a la residencia del detenido donde se ocuparon cuatro armas automáticas, tres pistolas semiautomáticas, municiones y $133,292 en efectivo.

Los imputados enfrentan cagos por conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar distintas condenas que van de un mínimo de 10 a 40 años de prisión. La acusación además busca la confiscación del dinero y las armas de fuego ocupadas en la investigación.