El caso contra Aneysha K. Crespo Mandry, la mujer arrestada y neutralizada en 2025 con un dispositivo de descarga eléctrica “taser” en un estacionamiento de un restaurante de comida oriental en Puerto Nuevo, concluyó con un acuerdo en el Tribunal de San Juan.

El Ministerio Público y la defensa sostuvieron negociaciones que culminaron en un acuerdo que dio paso a que Crespo Mandry se declarara culpable en una vista celebrada el martes ante la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán, en la sala 1104 del Tribunal de San Juan.

“Habiéndose dado lectura a la acusación y a preguntas de este Tribunal sobre qué alegación se hacía, el acusado(a) hizo alegación de culpabilidad por el (los) delito(s) de epígrafe y solicitó se dictara sentencia en el acto”, mencionó Durán Guzmán.

En la sentencia de una página, cuya copia obtuvo El Nuevo Día, la togada estableció que “el Tribunal aceptó la alegación de culpabilidad, luego de determinar que la misma se hizo voluntariamente con conocimiento de la naturaleza del delito imputado y de las consecuencias de dicha alegación”.

Crespo Mandry enfrentaba dos cargos por violación al Artículo 245 de la Ley 146-2012, mejor conocida como el Código Penal, que penaliza como delito grave y con una pena de reclusión fija de tres años el empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública.

No obstante, la alegación preacordada con el Ministerio Público incluyó una reclasificación de estos dos cargos a unos menos grave por infracción al Artículo 246(e) de la Ley 146, que tipifica como delito que una persona se resista al arresto o huya violentamente luego de ser detenido por un funcionario del orden público.

Con este acuerdo, Crespo Mandry evitó ir a la cárcel en caso de ser hallada culpable en el juicio por los cargos originales y, en su lugar, la jueza le impuso una multa de $2,000 y $200 por concepto de pena especial.

No obstante, Durán Guzmán le advirtió a Crespo Mandry que, si no paga las multas y la pena, se expone a pasar un día de cárcel por cada $50 que deje de pagar. Asimismo, le concedió 60 días para el pago.

En la vista, la fiscal María del Mar Ortiz representó al Ministerio Público. Mientras, el licenciado Adán Carlos Rivera Ramos era el representante de Crespo Mandry.

Precisamente, Ortiz dijo a Wapa TV que Crespo Mandry ofreció una disculpa pública a los agentes de la Policía involucrados en la intervención y que también reconoció su participación en los hechos, tal como el Ministerio Público lo planteó en la denuncia inicial en el tribunal.

Los hechos, que se fueron virales en las redes sociales, se remontan al 21 de marzo de 2025 en el estacionamiento de un restaurante de comida oriental en la avenida Escorial, en Puerto Nuevo, San Juan.

Según un vídeo publicado en las redes, la mujer fue detenida en medio de una intervención por un boleto de estacionamiento. El oficial que intervino alegó que le mujer lo agredió, por lo que utilizó el “taser” en su contra en dos ocasiones, la segunda de ellas por la espalda, luego de que la mujer estaba esposada.

Mientras, el superintendente de la Policía, Joseph González, ordenó, en aquel entonces, una investigación administrativa del incidente.

La pesquisa arrojó que el despliegue “de fuerza no estaba justificado” y violentó las políticas de la agencia.