El caso contra Aneysha K. Crespo Mandry, la mujer arrestada y neutralizada en 2025 con un dispositivo de descarga eléctrica “taser” en un estacionamiento de un restaurante de comida oriental en Puerto Nuevo, concluyó con un acuerdo en el Tribunal de San Juan.

El Ministerio Público y la defensa sostuvieron negociaciones que culminaron en un acuerdo que incluye una multa, una pena especial, la reclasificación de los cargos iniciales y una disculpa pública de la acusada a los policías involucrados en la intervención.

La fiscal María del Mar Ortiz confirmó en entrevista con Wapa TV que las conversaciones para alcanzar el acuerdo comenzaron luego que el licenciado Adán Carlos Rivera Ramos, representante legal de Crespo Mandry, hizo un acercamiento al Ministerio Público.

Entrando en el detalle del acuerdo, Ortiz detalló en el programa Lo Sé Todo que dos cargos por delitos graves fueron reclasificados a menos graves, por lo que a Crespo Mandry se le impuso una multa total de $2,000, a razón de $1,000 por cada uno, y una pena especial.

Además, la fiscal indicó que Crespo Mandry ofreció una disculpa pública a los agentes de la Policía involucrados en la intervención y que también reconoció su participación en los hechos, tal como el Ministerio Público lo planteó en la denuncia inicial en el tribunal.

El Nuevo Día solicitó al Departamento de Justicia información sobre los cargos que fueron reclasificados. De igual forma, se hizo una petición a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) sobre el caso.

Los hechos, que se fueron virales en las redes sociales, se remontan al 21 de marzo de 2025 en el estacionamiento de un restaurante de comida oriental en la avenida Escorial, en Puerto Nuevo, San Juan.

Según un vídeo publicado en las redes, la mujer fue detenida en medio de una intervención por un boleto de estacionamiento. El oficial que intervino alegó que le mujer lo agredió, por lo que utilizó el “taser” en su contra en dos ocasiones, la segunda de ellas por la espalda, luego de que la mujer estaba esposada.

Mientras, el comisionado del Negociado de la Policía, Joseph González, ordenó, en aquel entonces, una investigación administrativa del incidente.

La pesquisa arrojó que el despliegue “de fuerza no estaba justificado” y violentó las políticas de la agencia.