Uno de los 23 acusados en el caso federal contra la organización criminal “La Familia Nunca Muere” (LFNM), fue capturado en el estado de Maryland, confirmó la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico.

Se trata de Adam Miranda Rivera, quien fue arrestado en la conocida zona turística de Ocean City. Al momento de su detención, vestía el uniforme del parque de diversiones Jolly Roger Amusement Park y portaba una identificación a nombre de “Geral”.

El 12 de mayo, un gran jurado emitió una acusación formal contra 23 presuntos miembros de la mencionada organización criminal, por delitos de conspiración bajo la Ley RICO, incluyendo asesinato, narcotráfico y violaciones relacionadas con armas de fuego.

El pliego alega que los acusados eran miembros y asociados de una narcoganga dedicada a la distribución de drogas y a actos de violencia, incluyendo asesinatos.

La organización criminal transnacional conocida como LFNM está compuesta por Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, mejor conocidas como “Las FARC” o “Las FARC Company”, Cantera Nueva Generación (CNG) y otras pandillas de las áreas de San Juan, Bayamón, Comerío, Trujillo Alto y Carolina.

Según las autoridades federales, la narcoganga operaba como una “empresa criminal”, es decir, un grupo de personas que actuaban de forma organizada y continua como una sola estructura, con el objetivo común de cumplir las metas de dicha organización.

Además, esta red estaba involucrada en actividades ilícitas que afectaban el comercio entre distintos estados y también el comercio exterior.

“Esta empresa criminal utilizaba la violencia armada y el asesinato como simples herramientas de negocio para mantener el poder y el control. La presentación de cargos bajo RICO nos da la capacidad de desmantelar sistemáticamente las pandillas violentas que alimentan el derramamiento de sangre y mantienen a las familias viviendo con miedo”, dijo el jefe de la Fiscalía federal en la isla, William Stephen Muldrow.

En un comunicado de prensa, el alto funcionario federal añadió que los cargos presentados son una parte clave de la estrategia del Departamento de Justicia de Estados Unidos unificada para erradicar la violencia de pandillas impulsada por las drogas en las comunidades.

“A través de los cargos RICO, los fiscales pueden acusar y llevar ante la justicia a toda la empresa criminal como una sola organización podemos alcanzar a todos los participantes, desde el liderazgo hasta los tiradores en la calle, y demostrar un patrón de crimen coordinado entre pandillas en lugar de actos aislados”, agregó.

En ese contexto, Muldrow señaló que, de esta forma, pueden contar la historia completa de cómo diferentes pandillas coordinaron asesinatos, tráfico de drogas e intimidación para promover una empresa común, en lugar de presentar cada caso como uno independiente.

“La Oficina del Fiscal Federal, junto con nuestros socios de las fuerzas del orden federales, estatales y locales, continuará persiguiendo agresivamente a estas pandillas dondequiera que operen y no cesará hasta que nuestras comunidades estén seguras”, subrayó.

De igual forma, Michael Mayer, agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA, señaló en dicho parte de prensa que “la violencia de esta magnitud no se convertirá en la norma en Puerto Rico, y la DEA, junto con nuestros socios de las fuerzas del orden, está comprometida a enfrentarlo directamente”.

“Esta investigación se enfocó en individuos que creían que podían usar el asesinato y la intimidación para fortalecer su organización criminal y sembrar el miedo en nuestras comunidades. Lo que encontraron fue, en cambio, un esfuerzo unido de agencias federales y locales trabajando lado a lado, compartiendo inteligencia, recursos y personal para desmantelar a los responsables”, mencionó Mayer.

Enfatizó que este caso representa mucho más que arrestos y acusaciones: “nuestra determinación colectiva de proteger al público, desarticular redes criminales violentas y restaurar la seguridad en las comunidades afectadas por esta violencia”.

A tono con lo anterior, Carlos R. Goris, agente especial a cargo de la oficina del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan, planteó que la agencia “continuará trabajando agresivamente junto a nuestros socios federales y estatales para identificar, investigar y desmantelar organizaciones”.

“Este caso refleja el valor de la colaboración interagencial para apoyar los esfuerzos dirigidos a perseguir a individuos vinculados al narcotráfico, la violencia y el uso ilegal de armas de fuego. Aquellos que usan el miedo y la violencia para operar deben entender que la ley continuará trabajando sin descanso para llevarlos ante la justicia”, concluyó Goris.

Según documentos judiciales, desde 2019 hasta la actualidad, la organización distribuyó heroína, crack, cocaína, marihuana, fentanilo, oxicodona (Percocet) y alprazolam (Xanax) en los residenciales públicos Villa Kennedy, Fray Bartolomé de Las Casas, El Mirador de Las Casas y Las Margaritas, entre otras áreas.

Además, según la acusación, miembros de la organización cometieron actos de violencia para promover sus objetivos, aumentar el prestigio y control de la organización, protegerse de las autoridades y de organizaciones rivales, y preservar sus operaciones.

Como parte de la conspiración, se alega que el acusado Emmanuel Pacheco Marín era el líder principal de LFNM, supervisando a los miembros bajo Las FARC; Edison Merced Olivera y Alberto Valdez eran líderes de LFNM, también supervisando miembros bajo Las FARC.

Según los federales, estos tres líderes conspiraron con otros para importar cocaína desde la República Dominicana hacia Puerto Rico y distribuirla tanto en la isla como en el territorio continental de Estados Unidos.

La acusación incluye cargos por asesinato en ayuda de la actividad de crimen organizado, conspiración para poseer con intención de distribuir y posesión de heroína, crack, cocaína y fentanilo, posesión de armas de fuego en apoyo de un delito de narcotráfico y posesión de ametralladoras en apoyo de dicho delito.

Los acusados ocupaban distintos roles dentro de la organización, según los federales, incluyendo líderes principales, bichotes, gatilleros, vendedores, vigilantes y coordinadores. Todos enfrentan cargos relacionados con narcóticos, armas de fuego, municiones y decomiso.

Los fiscales federales asistentes Camille García y Laura Díaz González están a cargo del caso.

De ser hallados culpables de los cargos RICO, los acusados enfrentan hasta cadena perpetua y 14 de ellos podrían enfrentar la pena de muerte.

Los cargos de narcotráfico conllevan penas mínimas obligatorias de 10 años hasta cadena perpetua. Mientras, las condenas por posesión de armas de fuego en apoyo al narcotráfico implican una pena obligatoria consecutiva de cinco años hasta cadena perpetua, y la posesión de ametralladoras implica una pena obligatoria consecutiva de 30 años hasta cadena perpetua.

Sin embargo, un juez federal determinará la sentencia, según las directrices federales y otros factores legales.

De los 23 acusados, siete continúan prófugos: