Un gran jurado emitió una acusación contra Harold Borrero Borrero, alias “Wassa” por cargos de narcotráfico luego que las autoridades ocuparon, en una residencia, un auto que simulaba ser una patrulla, miles de dólares en efectivo, municiones y armas.

Así lo informó este viernes el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, en un comunicado de prensa donde ofreció detalles adicionales sobre la supuesta conspiración por la cual se formularon cargos contra Borrero Borrero.

De acuerdo con los documentos judiciales, desde aproximadamente el 2025 el acusado habría conspirado con otras personas para la distribución de sustancias como cocaína, cocaína crack y marihuana en el residencial Enrique Catoni, en Vega Baja.

Borrero Borrero fue arrestado el 21 de mayo por agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos de la Policía durante un operativo en la urbanización Ciudad Jardín III, en Toa Alta, como parte del diligenciamiento de una orden de registro y allanamiento.

Según la querella federal, el operativo se llevó a cabo a las 12:20 a.m., cuando el acusado salió de una residencia y caminó hacia una guagua Toyota Tacoma verde oscuro. Posteriormente, los agentes lo detuvieron y entraron a la mencionada propiedad.

Como parte de la conspiración, el acusado y sus coconspiradores, según las autoridades, tenían acceso a un vehículo que simulaba ser un automóvil “sin identificación” de la ley. Es decir, una patrulla falsa, específicamente un vehículo Ford Taurus con biombos y rotulado, en un lado lateral y posterior, con insignias del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

En la intervención, además, la Uniformada ocupó una bolsa con $268,722 en efectivo en la cocina, 574 gramos de marihuana y unas 50 balas calibre nueve milímetros (9mm), sostiene la querella presentada por un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Durante el registro también presuntamente se hallaron seis paquetes tipo “ladrillo” con cocaína, con un peso aproximado de 7,100 gramos, así como cerca de 1,200 frascos con crack, según la querella.

Además, los agentes ocuparon múltiples armas y municiones, incluyendo un rifle Colt calibre .223 cargado con 38 balas, cargadores de distintos calibres, un chaleco antibalas, máscaras y otras municiones.

En uno de los dormitorios, las autoridades encontraron aproximadamente 29 balas calibre .45 dentro de una caja de cereal “Lucky Charms”, así como libros de contabilidad relacionados con actividades de narcotráfico y alrededor de $280 en efectivo.

En otra habitación fue ocupado un rifle estilo AR sin número de serie, al que se le había instalado una óptica y una culata, considerado ilegal por las autoridades. Mientras tanto, en el pasillo de la residencia se incautaron varias cajas con frascos de crack.

De acuerdo a la acusación federal, el acusado y los coconspiradores presuntamente almacenaban drogas en cantidades de kilo y para consumo; materiales de empaque de drogas en una casa de seguridad; mantenían armas y municiones de distintos calibres para su protección y la de sus narcóticos.

“Se comunicaban mediante teléfonos celulares; poseían cientos de miles de dólares en efectivo producto de la venta de drogas; registraban sus transacciones y otros datos en “libretas de drogas”; y utilizaban herramientas propias del narcotráfico, entre ellas chalecos antibalas, máscaras negras, tablillas adicionales y una caja fuerte", indicó la Fiscalía.

Borrero Borrero enfrenta seis cargos, incluyendo conspiración para la distribución de sustancias controladas, posesión de drogas con intención de distribuir, posesión de armas por una persona prohibida, posesión de armas en apoyo a un delito de narcotráfico y mantenimiento de un punto de drogas.

El acusado compareció inicialmente ante el magistrado federal Marcos E. López, del Tribunal Federal en Puerto Rico. De ser hallado culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

Ayer, jueves, la licenciada Rachel Brill, representante legal de Borrero Borrero, radicó una moción de 12 páginas solicitando al juez la revocación de la orden de detención preventiva o, en su defecto, la celebración de una nueva vista de fianza.

Argumentó que la detención es innecesaria porque existen condiciones que podrían garantizar la comparecencia de su representado al tribunal y la seguridad de la comunidad, como monitoreo electrónico, arresto domiciliario y una fianza no asegurada.

También destacó que el acusado tiene fuertes lazos familiares en Puerto Rico, una relación de largos años, empleo estable y que sus condenas previas por delitos violentos ocurrieron hace más de 30 años, sin historial reciente de conducta delictiva.

Por su parte, la Fiscalía sostiene que la gravedad de los cargos, el historial criminal del acusado -incluyendo condenas de asesinato- y la supuesta evidencia del caso justifican su detención preventiva, alegando además posible riesgo de fuga por acceso a recursos económicos.

“El señor Borrero (Borrero) tiene fuertes lazos con Puerto Rico. No ha sido condenado por delitos en más de 26 años. Su última conducta violenta alegada ocurrió hace más de 32 años”, dice la moción.

El juez aún debe decidir si mantiene la detención o si concede una revisión de la fianza bajo el estándar de “novo”, es decir, una evaluación completa e independiente del caso.

La investigación de este caso está a cargo de la DEA y la Policía. Mientras, las fiscales federales asignadas son Myriam Y. Fernández González y María L. Montañez, de la División de Crimen Organizado, Lavado de Dinero y Recuperación de Activos.