Domingo Emanuelli Hernández
Domingo Emanuelli Hernández, secretario de Justicia. (Vanessa Serra Díaz)

Como parte de los esfuerzos dirigidos a atender con mayor efectividad y sensibilidad los casos de violencia de género, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emmanuelli, sostuvieron hoy un diálogo en el que discutieron diversas estrategias en esa dirección, como reforzar los adiestramientos del personal que trabaja directamente con las víctimas.

Ambos funcionarios coincidieron que es necesario que todos los componentes del aparato de seguridad pública del país asuman su responsabilidad en la atención de este grave problema social.

“La violencia de género es un asunto de enorme magnitud y profundamente complejo. Puerto Rico espera acciones concertadas y respuestas concretas a este problema que nos agobia como sociedad. Por eso es importante que todos y todas, en particular los que componemos el sistema de justicia, asumamos nuestra responsabilidad y hagamos un ejercicio de auto reflexión para ver qué podemos mejorar en el manejo de estos casos. No es momento de señalar culpables, sino de aunar esfuerzos”, expresó Oronoz Rodríguez al finalizar el encuentro.

Emanuelli, por su parte, sostuvo que, entre las soluciones conversadas con la Oronoz Rodríguez, está la identificación de recursos humanos que sirvan como intercesoras para que acompañen a la víctima durante los procesos judiciales. Además, dijo, acordaron reforzar los adiestramientos, tanto de jueces como de fiscales y policías. “Por parte del Departamento de Justicia, tal como lo solicitó el gobernador Pedro Pierluisi, dispondremos de fiscales para que asistan a las víctimas en las vistas de Regla 6 sobre Ley 54”, indicó el secretario de Justicia.

Ambos funcionarios, se informó, designarán equipos de trabajo para poner en marcha de manera inmediata estas y otras iniciativas discutidas durante el encuentro. De igual manera, informaron que los resultados de estas medidas se harán públicas en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.

Estas acciones surgen en momentos en que el país llora la muerte de Andrea Ruiz Costas, quien fuera asesinada por su expareja, Miguel Ángel Ocasio, semanas después que una jueza del Tribunal de Caguas determinara no causa para arresto por violación al Artículo 3.1 de la Ley 54 contra su agresor.

Según información que ha trascendido a través de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) y que fue confirmada por el Departamento de Justicia, durante la vista de causa para arresto en contra de Ocasio -efectuada el 26 de marzo en el Tribunal de Caguas- no hubo un representante del Ministerio Público, lo que se ha identificado como uno de los posibles factores para que la jueza Ingrid D. Alvarado Rodríguez no hallara curso de acción contra el imputado.

Previo a esta vista, Ruiz Costas había solicitado una orden de protección contra Ocasio, pero la petición no fue atendida.

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