El gobierno de Puerto Rico tendrá que justificar por qué debe mantenerse confidencial la opinión legal que llevó a la Policía de Puerto Rico a mantener las escoltas de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

El gobierno tendrá hasta mañana, miércoles, para confirmar que entregó la información solicitada por el representante Ramón Torres Cruz en relación a la cantidad de agentes asignados y el gasto operacional de esas escoltas.

Los plazos fueron establecidos este lunes por una orden emitida por la jueza Gloria de Jesús Machargo, del Tribunal de Carolina.

La resolución respondió a una petición radicada en octubre por Torres Cruz, miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes.

En su petición, Torres Cruz sostuvo que la Policía de Puerto Rico denegó su petición de entrega de la información.

Por su parte, el Departamento de Justicia, en representación del gobierno, se opuso a la solicitud.

Según la orden de De Jesús Machargo, el gobierno “plantea que el informe con el cual se tomó la determinación de mantener la escolta a la licenciada Vázquez Garced no es un documento público por encontrarse protegido por el privilegio (de) abogado-cliente y el privilegio producto de trabajo de abogado”.

Tras declarar no ha lugar la petición de desestimación, De Jesús Machargo ordenó al gobierno que “(en) un término de cinco días sustente su reclamo de confidencialidad respecto al informe en controversia, so pena de conceder el remedio solicitado”.

Después de que Vázquez Garced se declaró culpable por un cargo de violar la Ley federal de Campañas Electorales (FECA), el superintendente de la Policía, Joseph González, informó que no podía retirarle las escoltas.

En conferencia de prensa, el oficial dijo que, “según el marco jurídico vigente, la escolta de los gobernadores son derechos adquiridos”, validado por una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, tras una demanda de los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló.

“La legislación actual no establece la perdida de dicho derecho por convicción en foro federal y estatal”, sostuvo González.

“La única manera de retirar este beneficio sería mediante la aprobación de una ley expresa que así lo disponga, aplicable únicamente de forma prospectiva”, añadió el también exjefe de la Oficina de San Juan del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Por otro lado, De Jesús Machargo ordenó “que en 48 horas (se) certifique la entrega” de información adicional solicitada por el legislador con relación a las escoltas.

La información consiste en “la cantidad de agentes y supervisores asignados, con sus respectivos sueldos y pagos por horas extras”, así como “la cantidad, marca, modelo y gasto anual de los vehículos asignados”.

La jueza señaló que “el Estado adujo que ya se había entregado el requerimiento a la Comisión de Seguridad Pública de la cual el recurrente es parte. Por tanto, se tornó académico el petitorio”.

Sin embargo, resaltó De Jesús Machargo en la orden, Torres Cruz “sostiene que, hace escasamente una semana, la documentación no había sido provista. Es meritorio aclarar la incongruencia de ambas partes”, por lo que Justicia tendrá que demostrar que entregó la información a la Comisión de Seguridad Pública.

Vázquez Garced hizo alegación de culpabilidad en el Tribunal Federal en San Juan por un cargo criminal de aceptar una promesa de contribución de campaña electoral de parte de un extranjero.

Los hechos que admitió sostienen que el banquero venezolano Julio Herrera Velutini aportaría una suma de dinero a su campaña primarista de 2020. La Fiscalía federal recomendó que cumpla un año en prisión.