El consorcio LUMA Energy recurrirá al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para impugnar la decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain, que ordenó devolver al foro estatal las demandas relacionadas con el contrato.

La empresa, dirigida desde principios de marzo por la ingeniera Janisse Quiñones, presentó una moción ante el Tribunal de Título III en la que notificó que acudirá al Apelativo en Boston y solicitó a Swain que paralice su orden mientras se atiende el recurso.

“Tras analizar detenidamente la determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain que ordena devolver las controversias sobre la validez del contrato suplementario a los tribunales de Puerto Rico, hemos notificado que apelamos dicha determinación para ulterior consideración de la Corte Federal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, Massachusetts”, indicó LUMA.

En declaraciones escritas, la compañía explicó que, de forma conjunta, se presentó una moción ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico para que Swain paralice su orden hasta tanto culmine el proceso de apelación, considerando varias razones.

“El foro federal apelativo tiene ante su consideración un caso que también cuestiona si aplica la norma excepcional sobre el poder regulatorio del Estado en la cual la jueza se abstuvo de ejercer la jurisdicción sobre la materia que ella reconoció tener”, dijo LUMA.

“Nos mantenemos firmes en nuestra postura de que el acuerdo es válido y que no procede aplicar la normativa antes mencionada. Mientras, continuamos avanzando como nunca antes en la reconstrucción de la red eléctrica en nuestras comunidades pensando en el bienestar de nuestra gente”, puntualizó.

En un documento de 17 páginas, presentado ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, LUMA solicitó que la moción de paralización “sea atendida y resuelta de manera expedita, de modo que pueda decidirse antes de que el caso sea devuelto” al foro judicial estatal tan pronto como este viernes.

“Los abogados suscribientes solicitaron el consentimiento de todas las partes involucradas respecto al remedio solicitado en esta moción y fueron informados de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González y para la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) se oponen a todos los remedios solicitados. LUMA indicó que aún no había recibido respuesta de las demás partes involucradas en el caso”, dice el recurso.

En el escrito, la empresa sostuvo que el Primer Circuito “tiene jurisdicción” para atender el recurso y alegó que la controversia plantea “una cuestión jurídica seria y novedosa” sobre si el gobierno de Puerto Rico puede invocar sus poderes regulatorios para intentar anular el contrato de operación del sistema eléctrico.

Según LUMA, el gobierno quiere desplegar poderes excepciones para “intentar anular un contrato que revisó, ejecutó y aprobó hace tres años”. Además, insistió en que las demandas del gobierno no buscan hacer cumplir las leyes, sino cuestionar actuaciones de la propia AAPP y la Autoridad de Energía Eléctrica.

LUMA también planteó que sufriría “daño irreparable” si no se paraliza la devolución del caso al tribunal estatal. La empresa advirtió que el litigio podría convertirse en un “shuttlecock”, es decir, un caso “golpeado de un lado a otro entre un tribunal estatal y uno federal”.

Según el escrito, permitir que el caso continúe en los tribunales estatales de Puerto Rico mientras la apelación sigue pendiente podría dejar sin efecto práctico el derecho de apelación de la empresa. LUMA señaló que el gobierno presentó recursos para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico atienda directamente el caso de forma expedita, lo que podría provocar una decisión antes de que el Primer Circuito resuelva.

Con esto, LUMA hizo referencia a los recursos presentados el miércoles por el gobierno de Puerto Rico, en los que se alega, entre otras cosas, que la extensión contractual aprobada en 2022 incumplió disposiciones de las leyes 29 y 120, que regulan las Alianzas Público Privadas y el sistema eléctrico del país.

Según los recursos, la extensión del acuerdo suplementario fue aprobada sin cumplir varios requisitos regulatorios y legislativos, por lo que el gobierno solicita que el contrato sea declarado nulo y que se ordene un proceso de transición operacional.

Estos argumentos también han sido sostenidos por la gobernadora Jenniffer González, cuya administración presentó en diciembre de 2025 una demanda para cancelar el contrato de LUMA. La decisión del gobierno de iniciar el proceso judicial fue anunciada por la primera ejecutiva del país mediante un mensaje televisado, transmitido además a través de la página oficial de Facebook de La Fortaleza.

Empero, LUMA argumentó que el gobierno tardó más de tres años en impugnar la extensión contractual firmada en noviembre de 2022, pese a que las partes han continuado operando bajo ese acuerdo desde entonces. “Lo único que ha cambiado durante ese tiempo son los funcionarios electos y designados del gobierno de Puerto Rico”, indicó LUMA, al sostener que la nueva administración busca revertir decisiones tomadas por la administración del exgobernador Pedro Pierluisi.

Asimismo, sostuvo que el interés público favorece que la disputa permanezca en el Tribunal de Título III, debido al impacto potencial sobre la reestructuración de la AEE y el sistema energético. El consorcio afirmó que la anulación del contrato tendría “un impacto profundo” sobre el sistema eléctrico y sobre la población.

La empresa destacó, además, que el Primer Circuito ya evalúa otro caso relacionado con el alcance de los llamados poderes regulatorios, vinculado a un pleito con DACO sobre una cláusula del mismo contrato. La vista oral en ese caso está pautada para el 4 de junio.