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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Un gran jurado acusó formalmente a dos sujetos, en casos separados, ambos acusados por cargos de explotación infantil, informó este martes la Oficina de Prensa de la Fiscalía federal en San Juan.
Según la primera denuncia, José Antonio Maestre Rivera, un hombre de 27 años residente de Carolina, fue acusado el 3 de diciembre por cinco cargos de explotación sexual infantil, coerción y seducción de un menor, transporte de una menor con la intención de participar en actividades sexuales, recepción de material de explotación infantil y transferencia de material obsceno a un menor.
Según la acusación, entre abril y octubre de 2025, Maestre Rivera presuntamente utilizó dispositivos electrónicos y aplicaciones de redes sociales para persuadir y seducir a una menor de 14 años a participar en actos sexuales.
Durante el mismo período, Maestre Rivera, supuestamente, produjo, recibió y transmitió material de explotación infantil. También transportó, a sabiendas, a la menor con la intención de participar en actividades sexuales.
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Las autoridades indicaron que “el sospechoso inició deliberadamente contacto con un menor a través de perfiles públicos en redes sociales y luego rápidamente cambió a mensajes directos privados para facilitar sus actos delictivos”.
De ser declarado culpable, el acusado enfrenta una pena mínima de 15 años y una pena máxima de cadena perpetua.
Por otra parte, Gilberto Fontánez Alvarado, un hombre de 67 años residente de Bayamón, fue acusado el 4 de diciembre de dos cargos de transporte de material de explotación infantil y posesión de material de explotación infantil.
Según la acusación, desde agosto de 2012 hasta noviembre de 2025, Fontánez Alvarado, presuntamente, utilizó dispositivos electrónicos para la posesión y el acceso, con la intención de ver, imágenes de material de explotación infantil, incluyendo imágenes de un menor de 12 años.
La investigación descubrió evidencia “inquietante” de una colección de imágenes ilícitas que demuestran “la naturaleza calculada y a largo plazo de este comportamiento depredador”, indica el comunicado.
De ser declarado culpable, Fontánez Alvarado enfrenta una pena mínima obligatoria de cinco años y una pena máxima de 20 años de prisión.
La fiscal Emelina M. Agrait-Barreto, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, procesará ambos casos.
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