Un nuevo capítulo se desarrolla en el caso de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, luego que su defensa se opusiera a una solicitud de la Fiscalía federal para modificar el expediente del juicio que llevó a su condena.

La controversia gira en torno a una grabación de audio en español que, según la abogada de Charbonier Laureano, fue entregada al jurado durante el juicio sin haber sido admitida como evidencia ni traducida al inglés, lo que podría constituir un “error significativo”.

El argumento forma parte de una moción, de 13 páginas, que presentó ayer, jueves, la defensa ante el Tribunal federal en Puerto Rico a raíz del proceso que se desarrolla en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, con sede en la ciudad de Boston.

En un documento judicial, la licenciada Kendys Pimentel Soto, representante de Charbonier Laureano, denunció que la Fiscalía federal busca ahora “corregir” un supuesto “error” del juicio al intentar incluir una controversial grabación en el expediente del caso.

De acuerdo a la moción de la abogada de la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP), el audio en disputa fue identificado en el juicio como Gov-601, pero la grabación que finalmente recibió el jurado no sería la misma que se reprodujo en sala.

La controversia es compleja. Según la defensa, durante el juicio el gobierno reprodujo ante el jurado una grabación en español sobre los supuestos sobornos. Sin embargo, la grabación que terminó siendo entregada al jurado para sus deliberaciones sería distinta.

Además, esa grabación no habría sido autenticada ni acompañada de una transcripción o traducción al inglés que formara parte del expediente que ahora es objeto de discusión, ya que Charbonier Laureano apeló el veredicto y la sentencia que la mantiene tras las rejas.

El problema, según la abogada, es que el jurado deliberó escuchando un audio en español que nunca fue formalmente admitido como evidencia. En la moción, la defensa sostiene que el material contenía una conversación que menciona pagos de $500 y $1,000.

“Dicha grabación no fue debidamente admitida, porque en su lugar el gobierno presentó y este tribunal de distrito recibió y admitió como supuesto Exhibit del Gobierno 601 una grabación de audio diferente en español, no autenticada y no traducida, que no había sido reproducida ni fue nunca presentada ante el jurado”, indicó Pimentel Soto en la moción.

La licenciada sostuvo que este incidente constituye una de las bases principales para solicitar que se anulen las convicciones de Charbonier Laureano y de su esposo, Orlando Montes Rivera, y que se ordene un nuevo juicio en el notorio caso que mantuvo en vilo al país.

Argumentó que el jurado consideró evidencia externa que no fue sometida al proceso de confrontación y contrainterrogatorio, derechos fundamentales en un juicio federal. “No se presentó para el expediente ninguna transcripción ni traducción”, sostuvo.

“El gobierno admite que la grabación realmente reproducida durante el juicio es diferente de la que se entregó al jurado para sus deliberaciones. Además, admite que lo que fue admitido como Gov-601 y considerado por el jurado durante sus deliberaciones fue un audio que el gobierno no ofreció para admisión durante el juicio, que por lo tanto nunca fue reproducido ante el jurado durante el juicio, y para el cual tampoco presentó su transcripción correspondiente ni su traducción al inglés, por lo que nunca formaron parte del expediente del juicio”, dijo.

Asimismo, Pimentel Soto señaló que ninguna acción de la corte en esta etapa puede cambiar el hecho de que una grabación de audio no autenticada y no traducida, que no fue reproducida durante el juicio, fue proporcionada al jurado para sus deliberaciones.

Señaló que la Fiscalía federal está solicitando de manera impropia que el Tribunal altere materialmente el expediente para corregir el error cometido durante el juicio mientras el asunto se encuentra en apelación.

“Este tribunal no tiene jurisdicción para alterar el expediente del juicio de la manera solicitada por el gobierno”, advirtió la licenciada en la moción.

Charbonier Laureano y su esposo enfrentaron cargos de conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales (“kickbacks”), fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero, por un esquema que, según la Fiscalía federal, resultó en pérdidas por $136,500, monto que deben restituir.

Según la acusación federal, Charbonier Laureano le infló el salario a su entonces secretaria, Frances Acevedo Ceballos, quien también resultó convicta por el esquema de corrupción, para que entonces esta le pagara comisiones periódicamente.

Tras el juicio, el 12 de enero de 2024, un jurado halló culpable a Charbonier Laureano. La jueza Silvia Carreño la sentenció a ocho años de prisión y dos de libertad supervisada, mientras que su esposo recibió cuatro años y nueve meses de cárcel y un año de probatoria.

Así las cosas, Charbonier Laureano presentó su aviso de apelación el 24 de junio de 2024 y radicó el escrito inicial ante el Apelativo en Boston el 2 de junio de 2025. En su escrito, solicitó que su condena por, entre otros asuntos, el error con la grabación de audio.

“La grabación de audio real que se le proporcionó al jurado durante las deliberaciones como Exhibit 601 está en español y contiene una conversación entre individuos que presumiblemente podrían identificarse por la voz como Charbonier y Montes. La conversación hace referencia a la recepción de pagos de $500 y $1,000, y no corresponde con la transcripción y traducción del audio marcado como exhibit. Las deliberaciones del jurado incluyeron esa grabación de audio con contenido crítico, pero sin ninguna traducción correspondiente al inglés, y que no fue presentada como exhibit por ninguna de las partes”, indica parte del documento de la apelación.

A tales fines, la defensa de la exrepresentante indicó que esta grabación constituye la pieza de evidencia más poderosa, presentada fuera de contexto, sin explicación y sin confrontación, que incluye declaraciones que podrían haber sido fácilmente interpretadas por el jurado como una confesión completa de los delitos imputados, cuando en realidad, de haber tenido la oportunidad, Charbonier Laureano habría explicado que no lo era, o la habría objetado.

“Esta evidencia extrínseca contaminó irremediablemente el proceso y privó a Charbonier de sus derechos a la confrontación, al contrainterrogatorio y a la asistencia efectiva de abogado”, precisó Pimentel Soto, quien añadió que esta grabación tiene el potencial de afectar la apelación en lo relacionado con la evidencia extrínseca ante el jurado, y el Primer Circuito no está en posición de evaluarla porque no existe una versión en inglés de este material.

La licenciada señaló que la Fiscalía federal pretende alterar el expediente del juicio con varios “aspectos impropios” a una semana de que venza el término para que presente su escrito de apelación, tras haber obtenido varias prórrogas ante el Primer Circuito.

“El gobierno pretende que los planteamientos de apelación de la señora Charbonier Laureano queden sin objeto, cuando no existe jurisdicción para alterar el expediente del juicio. Además, este tribunal no tiene manera de autenticar, mediante una alegación ex parte del gobierno, que la grabación de audio identificada como Gov-601 —que ahora intenta presentar como exhibito de juicio más de dos años después de terminado el juicio— sea realmente la grabación que supuestamente se reprodujo al jurado", sostuvo.

Frente a ese escenario, la Fiscalía federal presentó el 3 de marzo una moción solicitando al Tribunal de Distrito en Puerto Rico que permita añadir al expediente una transcripción y una traducción al inglés del audio, además de incluir lo que sostiene sería la grabación correcta que se reprodujo durante el juicio.

En el documento, que consta de ocho páginas, la fiscal federal María Montañez Concepción solicitó corregir o modificar el expediente a fin de incluir el archivo de audio correcto y la traducción al inglés de un archivo de audio incluido en los exhibits proporcionados por este tribunal a los abogados después del juicio.

“Tras revisarse, las copias digitales proporcionadas por el Tribunal después del juicio incluyen un archivo de audio etiquetado “Gov_601_876”. Sin embargo, esta copia de “Gov_601_876” es diferente del Exhibit 601 que fue reproducido al jurado durante el juicio y, de hecho, contiene el exhibit propuesto del Gobierno 600, que es una grabación de una llamada telefónica del 25 de junio de 2020 entre los acusados", explicó.

Indicó que el archivo 600 fue proporcionado a los acusados antes del juicio, junto con una transcripción y traducción al inglés etiquetada “Government Exhibit 600T”, pero que la Fiscalía federal no ofreció ni el archivo de audio ni la transcripción traducida para admisión en el juicio.

“Completar el expediente con el Exhibit Gov 601, la grabación en español reproducida al jurado durante el juicio, es necesario para completar el expediente del juicio. Como señalan los escritos iniciales de los acusados, y como refleja la transcripción del juicio, esta grabación —correspondiente a la transcripción y traducción al inglés admitidas como evidencia e incluidas en los materiales del jurado como “Gov_601T_2”— fue reproducida al jurado durante el juicio", añadió la fiscal federal en el documento.

Finalmente, señaló que esta grabación es “material” importante a la luz de las instrucciones del Tribunal que dirigían al jurado a utilizar los archivos de audio en español únicamente para determinar si la grabación era “inteligible” y a depender de las traducciones al inglés para establecer los hechos.