Aibonito - El juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, declaró “no ha lugar” una moción presentada por la defensa de Elvia Cabrera Rivera a fin de que se disolviera y/o se ordenara el secuestro del jurado.

Cabrera Rivera enfrenta cargos, junto a su hija Anthonieska Avilés Cabrera, por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en agosto de 2025, cerca del casco urbano de Aibonito.

“Llevamos trabajando dos meses (en este caso) para escoger un jurado, yo no voy a sacar un jurado escogido”, afirmó Barreto Altieri, en referencia a los 12 miembros del jurado que ya han sido seleccionados, ocho mujeres y cuatro hombres.

En la reanudación de los procedimientos en la sala 1, Barreto Altieri escuchó los argumentos de las partes, y posteriormente, informó su determinación. Además, rechazó imponer una orden de mordaza.

“El Tribunal va a declarar no ha lugar a la petición... El Tribunal va a emitir una resolución escrita para que la defensa, si así lo decide, vaya al Tribunal de Apelaciones”, indicó el juez.

El abogado Alberto Rivera Ramos, en representación de Cabrera Rivera, dijo que la petición de la disolución y/o secuestro del jurado surgió por presuntas expresiones realizadas por Lisandra Rosario, madre de la víctima, Lisandra Rosario.

A modo de resumen, Rivera Ramos mencionó que las expresiones de Rosario fueron realizadas en las redes sociales y pudieron haber sido vistas o leídas por los miembros del jurado que ya han sido seleccionados.

El licenciado planteó que las expresiones de Rosario atentaron contra el derecho de su representada de tener un juicio justo e imparcial a partir del 1 de mayo, cuando comienza el desfile de prueba en el caso.

En la publicación en controversia, Rosario reiteró su pedido a que se le haga justicia a su hija, quien recibió 11 puñaladas en el incidente, según la autopsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“Vuelvo y lo repito: mi hija no se mató sola, a mi hija me la mataron con 11 puñaladas y dicen que no fue con intención. Por favor, yo espero que todas las personas que están hablando no pasen por lo mismo. A mi hija le destrozaron su corazón, la dejaron sin vida y la gente se atreve a decir que fue sin intención. Mi hija merece justicia”, escribió Rosario en sus redes sociales.

En reacción a esta publicación, el licenciado recordó que Rosario forma parte de los testigos que pretende llamar a declarar el Ministerio Público en esta etapa.

“El hecho de que ahora la madre de la víctima, (que es) testigo (en el caso)... haya publicado hechos que, a nuestro juicio, no inciden nada más (que) en (los) aspectos emocionales, sino (también) sobre la prueba... (consideramos) que han creado un entorno donde, a nuestro juicio, no se le puede garantizar a Elvia Cabrera que la decisión sea completa y entera basada en la prueba (que desfile en sala)”, dijo.

Por su parte, la licenciada Mayra López Mulero, representante legal de la acusada, no descartó, a preguntas de la prensa, acudir al Tribunal de Apelaciones para apelar la determinación del juez.

“Lo que se discutió hoy básicamente es nuestra preocupación sobre la fase más importante de un proceso de esta naturaleza, que es la desinsaculación del jurado. No es la primera vez que nosotros estamos levantando nuestras preocupaciones ante eventos que ustedes han presenciado y que denotan que hay un nivel de contaminación extrema”, subrayó.

De hecho, la fiscal Silda Rubio Barreto, representante del Ministerio Público, tomó como pie forzado, precisamente, que el mensaje se hizo en las redes sociales y que le cobija el derecho a la libre expresión.

Rubio Barreto recordó que la defensa está siendo selectiva con su petición, ya que en el pasado se opuso a una orden de mordaza en el caso. Además, agregó que el secuestro del jurado es una medida onerosa.

La fiscal indicó que darle paso a la petición provocaría que se cuarte el derecho a la libre expresión que tiene la madre de la víctima, que ha respetado una orden previa que prohíbe que hable con la prensa.

Coincidiendo con lo vertido por la fiscal, el juez precisó que “la normativa en la esfera estatal y federal es que el secuestro del jurado es la última alternativa en los casos”, expresó el juez. “No voy a emitir orden de mordaza contra nadie”, puntualizó.

En resumen, Cabrera Rivera y su hija enfrentan dos cargos cada una: el primero por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, y otro por infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico, por el uso y/o portación de arma blanca.

Los hechos que dieron paso al caso ocurrieron el 10 de agosto de 2025, cuando se suscitaron varias peleas en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano de Aibonito. En el lugar, dos menores de 16 años resultaron heridos de arma blanca.

Acto seguido, los adolescentes fueron trasladados en autos separados hasta una institución hospitalaria para recibir asistencia. Sin embargo, Pratts Rosario murió la madrugada del 11 de agosto de 2025 en un hospital. Mientras, el otro joven logró recuperarse.

Durante la etapa de vista preliminar, el Ministerio Público presentó evidencia testifical, documental y pericial que buscaba probar su teoría de que las acusadas actuaron en común y concierto acuerdo para cometer el asesinato de Pratts Rosario.

En el caso de Cabrera Rivera, su representación legal intentó sin éxito que se le desestimaran los cargos bajo el argumento de que se le violentaron sus derechos al no tener acceso de manera oportuna a prueba que consideran es exculpatoria o favorable.