A más de tres años de la muerte –por alegado suicidio– de la confinada Shannel Colón Ponce, familiares de la joven de 23 años radicaron una segunda demanda enmendada tras analizar nueva evidencia que apunta a que la administración del Centro de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón supo, con semanas de anticipación a los hechos, que Colón Ponce había manifestado ideas suicidas.

Según la demanda, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico y los abogados José Rodríguez y Wanda Valentín, la administración de la Cárcel de Bayamón ubicó a la confinada en un área de castigo –en lugar de un espacio de prevención de suicidio– a pesar de tener conocimiento de que había manifestado ideas suicidas al menos desde el 6 de mayo de 2022, casi un mes antes de su muerte, registrada el 2 de junio.

Además, señala que la administración incumplió con colocar un guardia correccional que vigilara la zona ininterrumpidamente.

El recurso enmendado, presentado en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón el 2 de agosto, incluye nueve demandados adicionales –en su carácter oficial y personal–, al tiempo que renueva la causa de acción de violación de derechos civiles.

“Las enmiendas a esta demanda están atadas a nueva evidencia que ha surgido como parte de los testimonios recopilados y documentos a los que hemos tenido acceso, que simplemente fortalecen lo que ha sido evidente desde el principio: que la muerte de Shannel fue producto de la negligencia crasa, el abuso y la violación de derechos, más allá del presunto acto de suicidio”, expresó el licenciado Fermín Arraiza Navas, abogado del caso y director legal de la ACLU de Puerto Rico.

El Nuevo Día solicitó una reacción al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), y no obtuvo respuesta.

Los nuevos demandados son la superintendente Vilmary Morales Aguilar, el teniente Miguel Cabán, el sargento Romualdo Casiano López, la oficial Nicole Ortiz Nieves, la oficial Marishell Pinto Oquendo, la sargento María Rosado Malaret, la oficial Imalay Ayala Figueroa, la oficial Kelly Olmeda Martínez y la oficial correccional Carmen Serrano.

Entre los demandados figuran el entonces comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa; la exsecretaria del DCR, Ana Escobar; y Physician Correctional, la compañía contratada por el DCR para proveer servicios de salud, entidad que, según la demanda, “cometió negligencia crasa por no brindar el tratamiento médico adecuado y por posponer la evaluación de Shannel por varias semanas, a pesar de que era una situación de emergencia”.

Como parte de la nueva evidencia, la demanda sostiene que Colón Ponce “alertó a las autoridades carcelarias sobre su estado de depresión mayor e ideas suicidas”. Mientras, la ACLU de Puerto Rico planteó que la evidencia testifical y documental prueba que “al menos una oficial y un sargento, así como el área médica, tenían conocimiento del cuadro clínico de Shannel, semanas antes de su muerte por alegado suicidio”.

Agregó que, a pesar de esto y de que, desde el 21 de abril de 2022, existía una orden de tratamiento psicológico y psiquiátrico, la administración correccional no ubicó a la confinada en un área de prevención de suicidio. “Shannel debió estar ubicada en un área designada para prevención del suicidio, ya que la propia occisa manifestó en vida que deseaba no vivir más. Esta voz de alerta debió mover a la Administración Correccional a tomar medidas de seguridad que no tomaron”, lee la demanda enmendada.

Por otro lado, los demandantes –entre ellos Jahaira Ponce Morales, la madre de la reclusa– “afirman haber recibido información de otras reclusas y familiares que sugiere que la joven fue asesinada y que era maltratada por el personal de la institución penal”. Sin embargo, plantean que, independientemente de la causa, “los demandados son responsables de la tragedia debido a su negligencia o intención”.

El 2 de junio de 2022, Colón Ponce fue encontrada sin vida en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres, donde permanecía sumariada por cargos de apropiación ilegal de vehículos. Tras los hechos, la familia ha reiterado su rechazo a la versión ofrecida por el DCR.

La demanda original en el caso se radicó el 25 de mayo de 2023, mientras la primera demanda enmendada se presentó el 15 de agosto de 2023.

De acuerdo con el recurso enmendado, los empleados del Negociado de la Policía y del DCR fueron “crasamente negligentes” en el manejo del caso de Colón Ponce desde el inicio, incluyendo que la Policía no lo canalizó a través de un ingreso involuntario a una institución de salud mental, a pesar de conocer la condición de la joven, y que la detuvieron sin una orden de arresto. Además, denuncia que la confinada fue sometida a malos tratos físicos y tratos “inhumanos, crueles y degradantes”, y que se le privaron los servicios de salud mental que necesitaba.