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Representante Lisie Burgos podrá ingresar sin mascarilla a las instalaciones de la Cámara de Representantes

Así lo establece una orden emitida por el juez Anthony Cuevas, quien citó una vista este viernes, a las 9:00 a.m., para discutir la demanda sometida por la portavoz de Proyecto Dignidad

12 de febrero de 2024 - 11:50 PM

El 6 de febrero, Lisie Burgos, representante de Proyecto Dignidad, a la derecha, compareció a la sesión ordinaria, pero fue removida por no usar una mascarilla en el hemiciclo. (Nahira Montcourt)

La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, podrá ingresar a la Cámara de Representantes sin portar mascarilla, luego que el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, ordenó este lunes a la administración de la Cámara de Representantes a desistir de “prohibir, impedir o interferir” con las prerrogativas de la legisladora, al bloquearle la entrada al recinto por no llevar el cubreboca.

La directriz, sin embargo, cobija a la representante mientras se dilucidan los méritos de una demanda que presentó este mismo lunes contra el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito”Hernández; el administrador de dicho cuerpo legislativo, Manuel Díaz Espino, el sargento de Armas, Luis Ramos Rivera, y el secretario cameral, Javier Gómez Cruz.

“Le ordenamos a la Cámara de Representantes que cese y desista de prohibir, impedir o interferir con las prerrogativas legislativas, prohibiéndole a la representante de la Cámara, Lisie Burgos Muñíz, el ingreso a las facilidades de la Cámara, incluyendo hemiciclo, salones de sesiones y todo lugar a la que esta necesite acceder para ejercer sus funciones legislativas, condicionándolo al uso de mascarillas, so pena de desacato”, lee el documento de cuatro páginas.

“Entendemos que, de no ordenarse de inmediato a los demandados que cesen y desistan de su actuación, se estaría interfiriendo con la función constitucional de la demandante de representar a sus constituyentes descargando su deber ministerial de deliberar y votar por las medidas del día. Tratándose de la única portavoz cameral del partido político Proyecto Dignidad, este Tribunal entiende que se ocasionaría un grave daño irreparable no actuar en este momento emitiendo la presente orden de entredicho provisional”, agrega la orden.

El juez Cuevas citó a las partes a una vista de interdicto preliminar el viernes, 16 de febrero, a las 9:00 a.m.

El 5 de febrero, el administrador de la Cámara emitió una orden -que está vigente hasta el 29 de febrero- para exigir el uso de mascarillas como medida cautelar para evitar contagios por COCID-19. La directriz aplica a empleados, funcionarios, representantes y visitantes de la Cámara de Representantes, incluyendo a quienes participen en las sesiones legislativas y vistas públicas.

Al día siguiente, el 6 de febrero, la legisladora compareció a la sesión ordinaria, pero fue removida del hemiciclo por no usar una mascarilla. Ese día, Burgos dijo que no se sometería a una orden que le parece “irrazonable”, “injusta” y “atropellante”. “Están violando la inmunidad parlamentaria de esta servidora, y ustedes son testigos”, sostuvo entonces en una transmisión por redes sociales.

Mientras, el 8 de febrero, el presidente de la Cámara enmendó la orden administrativa 2021-09 para restituir la vigencia del inciso B del Artículo 6, que disponía, precisamente, el uso obligatoria de tapabocas. “En el caso de la Cámara de Representantes, en la última semana, 14 empleados han dado positivo al virus”, lee el documento.

Este lunes, más temprano y en reacción a la demanda presentada por Burgos, el presidente de Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, alegó que la exigencia impuesta por el presidente de la Cámara “carece de justificación alguna y del más mínimo sentido de razonamiento lógico”.

“Es un acto no solo ridículo e irresponsable, sino profundamente abusivo y atropellante que lacera los más elementales principios de derechos civiles y libertades democráticas de todos los ciudadanos, garantizados por nuestra Constitución”, dijo en expresiones escritas.

El alcalde de San Sebastián, ahora aspirante a la gobernación, argumentó, además, que la “arbitrariedad” de la orden administrativa revela “un desprecio total por el derecho de las minorías en la Cámara, al colocar a la representante en la posición de escoger entre ejercer sus funciones o actuar contrario a su conciencia y creencias políticas, y las de aquellos que representa con su voz y voto en el proceso legislativo ante la Cámara de Representantes”.

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