El exponente de música urbana Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, ha protagonizado en los últimos meses una intensa batalla legal relacionada al control de su imperio corporativo.

La controversia tomó fuerza a mediados de diciembre de 2024, luego de que el artista anunció su divorcio de su entonces esposa Mireddys González Castellanos, con quien compartió por casi 30 años.

“Después de más de dos décadas de matrimonio, y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio“, dijo el artista en ese momento.

Dos semanas después del anuncio, el licenciado Carlos Díaz Olivo, uno de los representantes legales del intérprete de “Gasolina” y “Dura”, anunció la radicación de dos demandas ante el Tribunal de San Juan.

Los recursos fueron presentados contra las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., y contra Mireddys y su hermana Ayeicha González Castellanos, quienes fungían como presidenta y tesorera, respectivamente, de las entidades.

“Realizaron transferencias por la suma total de $100 millones desde las cuentas bancarias corporativas de El Cartel Records y Los Cangris a ser depositadas en cuentas personales de cada parte”, reveló Díaz Olivo en aquel momento, tras presentar las demandas.

Mientras, la exesposa del cantante y madre de dos de sus hijos emitió, el 14 de diciembre de 2024, un comunicado de prensa confirmando que, “por causas irreconciliables” estaba en proceso de divorcio.

“Quiero aclarar que como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente”, puntualizó Mireddys González Castellanos en el escrito.

Las demandas fueron atendidas por el juez superiornthony Cuevas Ramos, quien consolidó las demandas en ruta a la celebración de la primera vista del pleito.

En una orden, Cuevas Ramos solicitó a las partes a estar preparadas para atender tres asuntos: los remedios solicitados, el requerimiento de acceso a los libros corporativos y cualquier otro asunto.

Además, denegó la petición de las hermanas González Castellanos para que el caso fuera trasladado al Tribunal de Carolina. “El demandante tenía facultad para escoger el lugar en donde presentaría los recursos”, sostuvo Cuevas Ramos.

Mediante su representación legal, Daddy Yankee solicitó al tribunal una orden para que las demandadas se abstuvieran de tomar decisiones y efectuar desembolsos relacionados a las corporaciones.

Además, solicitó que las demandadas le entregaran el control de ambas corporaciones para que libremente pudiera “usar su nombre en conjunto con imagen y creaciones inherentes al desarrollo de su carrera“.

Con esta petición sobre la mesa, la primera vista del caso se llevó a cabo durante la tercera semana de diciembre de 2024. La audiencia culminó con un acuerdo entre las partes tras una reunión en privado.

En cuanto a la controversia por la presunta transferencia fallida de $100 millones, en la audiencia se ofrecieron al menos dos versiones: que fue para el pago de dividendos y que las transacciones no se concretaron.

Mientras, el acuerdo, recogido en una sentencia emitida por el juez, estableció que Daddy Yankee retomaría la presidencia de El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., y que se iniciaría un proceso de transición.

Además, se acordó que $75 millones, que están en las cuentas de ambas entidades, se iban a mantener intocables por un periodo de 30 días “en lo que el nuevo control pueda tener acceso a toda la información”.

De igual forma, cualquier tipo de transacción mayor de $100,000, se acordó, debía contar con la autorización de ambas partes, se indicó en la sentencia.

Otro elemento importante en el acuerdo fue que el artista -que se convirtió al cristianismo- se comprometió a rendir a su exesposa un informe financiero mensual sobre las corporaciones.

Sin embargo, tras esa primera vista, las partes presentaron múltiples mociones en las que se acusaron mutuamente de incumplir la sentencia, y solicitaron al tribunal diversos remedios para hacerla valer.

Por un lado, el equipo legal de Daddy Yankee argumentó que las demandadas colocaban trabas para completar el proceso de transición y que las hermanas González Castellanos no entregaron todo lo relacionado a las corporaciones.

Mientras, las hermanas González Castellanos señalaron, mediante sus abogados, que el artista estaba incumpliendo con la entrega de los informes financieros y que había retirado fondos de las corporaciones.

“Es imperativo resaltar que el demandando ha incumplido total y absolutamente con los términos de la sentencia del 26 de diciembre de 2024. No ha entregado los informes ordenados y sigue presentando excusas infundadas para justificar su inacción”, indicaron en una moción los abogados Roberto Alonso Santiago y Mariel Colón Miró, quienes representaban en ese momento a las hermanas González Castellanos.

La batalla legal continuó entre alegaciones de perjurio, solicitudes de cartas gerenciales y hasta la posibilidad de celebrar deposiciones para atender asuntos que estaban, presuntamente, inconclusos en el caso.

En medio de la controversia, el caso subió de tono cuando las demandadas acusaron al artista de retirar de una cuenta $118 millones. Sin embargo, los abogados del cantante aseguraron que se trató de una consolidación de cuentas, de FirstBank a Oriental Bank.

El 20 de enero, las hermanas González Castellanos solicitaron la designación de un administrador judicial, pues las corporaciones enfrentaban varias “circunstancias que afectan su gobernanza y operación”.

A esos fines, se recomendó la designación del catedrático Luis A. Avilés Pagán, pero el equipo legal de Daddy Yankee -integrado por Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel- se opuso. Finalmente, el juez declaró “no ha lugar” la petición.

Días más tarde, una moción presentada por los abogados de Daddy Yankee reveló que el artista, junto a su hija mayor Yamilette Ayala, dirigirían las corporaciones. “Entre ellos no existe ningún tranque o empate de ninguna naturaleza”, se indicó en la moción.

Además, la defensa del artista confirmó la contratación de Carlos Cases Gallardo, exjefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) para asistir al equipo legal en la transición de las corporaciones.

En medio del pleito corporativo, la jueza superior Eva Soto Castelló, del Tribunal de Carolina, emitió, a mediados de febrero pasado, la decisión que oficializó el divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys.

Soto Castelló indicó que el divorcio sería final y firme una vez transcurrieran los 30 días desde que el tribunal notifique a las partes sobre la decisión. Esto, finalmente, ocurrió.

Con el divorcio concretado, el pleito por el control de las corporaciones continúo en los tribunales y una nueva demanda se sumó a la controversia, en la que el artista le reclamó a las demandadas $250 millones.

El pleito se presentó, en marzo pasado, ante el Tribunal de Carolina por “violación a deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y acción en daños”.

“Se solicita del Honorable Tribunal que declare Con Lugar la presente demanda y ordene a los demandantes el pago en indemnización a los demandantes El Cartel, Los Cangris y Ramón L. Ayala Rodríguez por una suma no menor de $250,000,000, más costas, intereses y honorarios de abogados y cualquier otro remedio que asista a los demandantes”, indicó el equipo legal de Ayala Rodríguez en el escrito.

Aunque la demanda fue radicada exclusivamente contra las hermanas González Castellanos, se hicieron fuertes declaraciones contra el productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves, quien pidió intervenir en el pleito para defenderse de los señalamientos.

Sin embargo, el juez superior Ismael Álvarez Burgos, del Tribunal de Carolina, declaró “no ha lugar” la solicitud de intervención, partiendo de la premisa de que “no son partes indispensables” y que “su ausencia en el pleito no impide que se proceda adjudicar la controversia en este caso contra las demandadas”.

A finales de julio, la representación legal de las corporaciones que preside Daddy Yankee, en cambio, presentó una demanda federal por $12 millones y acusó a las hermanas González Castellanos de “eliminar y retener en secreto registros comerciales esenciales con la intención deliberada de causarles daño”.

Referente a este demanda, la jueza de distrito Silvia Carreño Coll ordenó a las demandadas a entregar sus equipos electrónicos.

La directriz del tribunal fue a los efectos de que las hermanas González Castellanos entregaran a los abogados de Daddy Yankee todos los dispositivos electrónicos que tenían en su posesión, incluyendo celulares, tabletas y computadoras. También debían otorgar acceso a sus correos electrónicos para recuperar la información que aún exista de las corporaciones.

En medio de este proceso, aunque aún están pendientes los pleitos en el Tribunal federal y en el Tribunal de Carolina, Cuevas Ramos dio por completado el pleito incoado en el Tribunal de San Juan.

“No quedan asuntos pendientes en esta sala y no vamos a intervenir directa ni indirectamente con determinaciones judiciales pendientes”, indicó Cuevas Ramos en la orden producida a 24 horas de la vista en el Tribunal federal.

Mientras continúan los pleitos que aún quedan pendientes, la defensa de la exesposa de Daddy Yankee emitió un comunicado de prensa, en agosto, donde se afirmó que Mirredys no pretende vetar el nombre del artista.

El equipo, encabezado por la licenciada Mayra López Mulero, confirmó que el 24 de julio se envió una comunicación escrita al artista para que cesara en su intención de “descapitalizar” los activos de El Cartel Records, Inc., “abrogándose la prerrogativa de registrar sus marcas en su carácter personal, cosa que es contraria a Derecho”.

“Es necesario aclarar el récord público para establecer, sin lugar a duda, que Mireddys González no pretende ‘vetar’ el nombre de Daddy Yankee, y mucho menos despojarlo de sus logros artísticos, acumulados durante una extensa carrera profesional, apoyado y respaldado por su entonces esposa Mireddys González”, indicó la representación legal.

Los abogados dijeron que, así como el artista ha defendido sus derechos frente a terceros, “Mireddys González, a través de sus representantes legales, hace lo propio para defender sus derechos como coaccionista de El Cartel Records, Inc. a un 50%. Tal proceder responde a procurar proteger los activos que fueron adquiridos legítimamente por El Cartel Records, Inc.”.

Añadieron que “utilizar marcas que no le pertenecen no es un acto de “rebeldía creativa” ni de “expresión artística”, sino que es una violación de derechos”.

“Reiteramos que los asuntos bajo escrutinio público y en los Tribunales no deben interpretarse como una lucha en contra del artista que todos conocemos. Se trata del ejercicio responsable del Derecho para proteger lo que le pertenece a una entidad jurídica conforme a la ley. Las emociones inspiran, pero el Derecho protege. Ni las leyendas artísticas están exentas de cumplir con la ley”, puntualizaron.