La expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, reclamó una compensación de $17 millones en una demanda federal contra dos fiscales del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por alegadas violaciones a sus derechos civiles y constitucionales.

Su recurso surge un año después de que en junio de 2025 fuera declarada no culpable por cargos presentados contra Torres por el Fiscal Especial Independiente (FEI) en el 2020.

Los fiscales del FEI demandados son Ramón Mendoza Rosario y Leticia Pabón Ortiz.

Torres denunció que el proceso del FEI estuvo marcado por negligencia, omisión de evidencia exculpatoria, el uso de testimonio falso y actuaciones que violentaron el debido proceso de ley.

“La acción legal sostiene, además, que el FEI fundamentó gran parte de su caso en el testimonio de Excel López, quien previamente había sido declarado testigo mendaz. A pesar de ello, los fiscales del FEI continuaron utilizándolo como su testigo principal luego de haberle concedido inmunidad, situación que, según la demanda, constituyó una grave violación a los derechos civiles de Torres López. Cabe destacar que Excel López también es demandado en el recurso legal presentado”, indicó un comunicado de prensa de la demandante.

De acuerdo con la demanda, cuando era presidenta, Torres disciplinó a López debido a tardanzas en la Junta y radicó una querella en la Policía por “hackear” las cuentas de redes sociales de la Junta tras gestionar el control de las mismas sin autorización.

Torres alega que López presentó denuncias en varios foros en su contra, incluyendo la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), alegando que la entonces presidenta de la Junta le había exigido vender boletos de recaudación de fondos para la campaña política de Ricardo Rosselló.

Según Torres, OEG determinó en junio de 2020 que las alegaciones de López “no se sostenían por evidencia” y que “proveyó información e información falsa bajo juramento”.

La demanda destaca, además, que en un testimonio ante el Departamento de Justicia, López alegó que el 17 de mayo de 2018 le había pedido vender boletos de recaudación política, pero que el FEI ignoró esa evidencia y otra presentada probando que para esa fecha Torres se encontraba con Katherine Erazo García en México en una convención.

Denunció que, en cambio, le concedieron inmunidad a López, así como a Erazo Ortiz, pese a que ambos aseguraron durante el juicio no haber cometido alguno.

La demanda federal también indica que Torres había radicado una queja ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico en contra el fiscal Mendoza Rosario.

Después de un primer acercamiento para ofrecerle que se declarara culpable en julio de 2024, Torres denunció que Mendoza Rosario volvió a ofrecerle en agosto de ese año un acuerdo.

Alegó que además de ofrecerle una penalidad de una multa administrativa, el fiscal supuestamente le pidió que, “como parte del acuerdo”, le retirara la querella ante el Supremo.

“La demanda busca vindicar los derechos de la exfuncionaria y responsabilizar a los funcionarios involucrados por las actuaciones cometidas durante el proceso investigativo y judicial que extendieron por cerca de cinco años, perjudicando a Torres López”, afirmó el comunicado de la demandante.

La demanda reclama $7 millones de “indemnización por daños y perjuicios, por el dolor físico y mental sufrido”.

También pide $3 millones por “daños punitivos contra los demandados individuales”; y $7 millones por “dolor y sufrimiento, daños especiales, es decir, honorarios de abogados, pérdida de ingresos salariales”.