Bayamón - Eran las 9:12 a.m. de este martes cuando entró Elvin William Reyes Rosa a la Sala 404 del tribunal, para enfrentar lo que sería su vista preliminar, un proceso judicial en el que su abogada adelantó que planteará incapacidad mental como parte de la defensa.

Esposado de pies y manos, vestido con el habitual uniforme color amarillo mostaza de confinado y con el cabello casi rapado -una apariencia distinta a la que tenía el día de su arresto-, Reyes Rosa, de 16 años, tomó asiento en la parte posterior de la sala sin hacer expresión alguna.

Por momentos, dirigía la mirada hacia el suelo y, en otras ocasiones, hacia sus familiares, quienes permanecían sentados en los banquillos de madera ubicados al lado izquierdo de la sala. Desde allí, el imputado observó el inicio de los procedimientos judiciales en su contra.

Sin embargo, casi al final de la vista, Reyes Rosa insistió en un reclamo que luego fue transmitido al tribunal por su abogada, Lizette Meléndez Lozada, quien expresó preocupación por la seguridad del menor mientras permanece bajo custodia en el Centro Médico Correccional.

“Nos dice que siente miedo donde está, que teme, que está temblando, que los adultos le dicen cosas. Suplicamos al tribunal, que no es fácil”, manifestó.

Actualmente, Reyes Rosa es juzgado como adulto y enfrenta cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas por presuntamente matar a su abuela Lourdes Pérez Mercado, de 67 años, y dejar herido a su hermano Jeremy Cabrera Rosa, de 22.

El incidente violento ocurrió durante la tarde del sábado, 26 de septiembre, frente a la tienda Pepe Ganga, en el estacionamiento del centro comercial Santa María Shopping Center, en Guaynabo. La Policía de Puerto Rico confirmó que ocupó en la escena un cuchillo y un auto.

La vista de hoy comenzó con un recordatorio del juez David G. Calderón Cordero a la defensa y a la Fiscalía, para que lleguen a tiempo a las audiencias y estén presentes a la hora citada, luego de que tuviera que decretar dos recesos debido a que las partes no estaban completas en sala.

Una vez iniciados los procedimientos, Meléndez Lozada informó al tribunal que había presentado varias mociones para obtener copia de parte de la evidencia en el caso. Además, adelantó que presentará una moción bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal.

Esta normativa establece el procedimiento para determinar si una persona imputada está capacitada mentalmente para comprender el proceso y colaborar con su defensa. Si se determina que no, el tribunal ordena las medidas que entienda, incluida una evaluación o tratamiento.

Meléndez Lozada explicó que la defensa necesita obtener información sobre la condición mental y el historial médico de Reyes Rosa para poder determinar hasta qué grado llegan las dificultades que presenta el menor. Sostuvo que la comunicación entre ambos no ha sido efectiva.

El juez concedió a la defensa un término de un día para radicar la moción al amparo de la Regla 240.

La abogada indicó que el joven presenta, según la información que maneja la defensa, un rezago y una capacidad intelectual disminuida. “Necesitamos una información que por su estado mental no nos la puede proveer”, dijo Meléndez Lozada en corte abierta.

De igual manera, solicitó, entre otros asuntos, que el Departamento de la Familia entregue copia del expediente de Reyes Rosa, y que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) provea copia de sus récords médicos debido al cuadro clínico que presenta su cliente.

Esta solicitud se basa particularmente en las directrices emitidas por la jueza Nadja G. Banuchi Ramos, quien durante la vista de determinación de causa para arresto, conocida también como Regla 6, ordenó que fuera evaluado y tratado por posible condición de esquizofrenia.

Meléndez Lozada indicó que se supone que el menor esté recibiendo medicamentos y que necesita conocer qué tratamiento ha recibido y quién era el médico que lo atendía. Asimismo, precisó que busca identificar a un psiquiatra especializado que pueda evaluar al joven.

La licenciada de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) pidió, además, las grabaciones de las cámaras de seguridad de Pepe Ganga y del estacionamiento donde ocurrieron los hechos, así como una orden relacionada con la nueva escuela intermedia Rafael Martínez Nadal, en Guaynabo.

Meléndez Lozada sostuvo que necesita acceso a estos documentos para poder preparar adecuadamente la defensa. Asimismo, relató que Reyes Rosa no pudo ofrecerle información básica como dónde ubica su escuela, cuál es su dirección o su número de Seguro Social.

La abogada también planteó que, hasta el momento, ningún familiar ha visitado al menor mientras permanece bajo custodia en la institución correccional y que se encuentra en un estado de indefensión ante los delitos que le fueron imputados por la Fiscalía de Bayamón.

Asimismo, la abogada reveló que el Estado sometió una lista con 21 testigos, un número que aumentó luego de que se sumaran dos adicionales. No obstante, la fiscal Glorimar García Ríos adelantó que en esta etapa de vista preliminar utilizarán, al momento, cuatro testigos.

Precisamente, en sala estuvieron presentes los agentes de la Policía de Puerto Rico, Jorge Meléndez Meléndez; Andrés Pérez; Bryan Pérez; y William Josué Rosa Pérez, que se desconoce si guarda parentesco con el menor. También se mencionó la existencia de otro testigo relacionado.

De otro lado, García Ríos, quien junto a Rosalyn García Pastrana, Carmen Iris Ortiz Rodríguez y Gabriel Redondo Miranda, representa al Ministerio Público, expresó reparos a que la defensa obtenga copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Por otra parte, la defensa presentó una moción para obtener copia de la declaración jurada del testigo Félix Juan Meléndez Benítez, quien se aclaró no pertenece a la Policía de Puerto Rico. Se desconoce si se trata del guardia de seguridad de un establecimiento cercano a los hechos.

Durante el turno de argumentaciones, el Ministerio Público sostuvo que dichas expresiones no son de naturaleza exculpatoria.