

18 de noviembre de 2026 - 5:28 PM


La empresa Coccoloba Agroenvironmental, LLC. y el agrónomo Christian Torres Santana acudieron al Tribunal de San Juan para solicitar una orden que obligue al gobierno a preservar los correos electrónicos, documentos y demás archivos digitales de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.
En una moción urgente presentada este miércoles, los demandantes argumentaron que la renuncia de la funcionaria, efectiva el próximo 31 de diciembre, representa un riesgo para la conservación de información que podría resultar pertinente en el litigio. Advirtieron que, con su salida, su cuenta institucional podría ser desactivada y algunos datos eliminados automáticamente.
De esta manera, se busca que se preserve la información almacenada electrónicamente para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y la fecha de la orden solicitada, si así lo determina el tribunal.
“El cese de un funcionario conlleva, de ordinario, la desactivación de su cuenta, la devolución y reasignación de sus equipos y la aplicación de las rutinas automáticas de eliminación del sistema. Nada de ello supone mala fe de persona alguna; es la operación normal de una plataforma decorreo electrónico. Precisamente por eso el riesgo es real e inminente”, sostuvieron los abogados en la moción.
Como medida preventiva, solicitaron que el tribunal ordene establecer mecanismos especiales de conservación para cinco cuentas electrónicas en un plazo de cinco días a partir de la notificación de una eventual orden judicial. También pidieron que el gobierno presente, dentro de diez días y bajo juramento, una certificación sobre las acciones tomadas para proteger la información y detalle si se ha eliminado algún contenido desde el pasado 7 de octubre.
La solicitud comprende las cuentas institucionales de Roig Fuertes, de los funcionarios Irma Abreu Marine y Cruz Caraballo Cruz, el buzón habilitado para recibir propuestas y la cuenta de Luis Pedraza González, presidente de LAP Consulting Group.
En el documento se explicó que, como el litigio se originó por una acción que comenzó con un correo electrónico, es fundamental que se preserve “cada mensaje, quién lo abrió, quién lo reenvió, a quién, cuándo y con qué adjuntos”. “Son hechos que solo pueden establecerse de manera concluyente con los mensajes originales en su formato electrónico nativo, con sus meta datos y con los registros del sistema que los procesó”, indica la moción.
Además de los mensajes electrónicos, los demandantes reclamaron la conservación de archivos adjuntos, comunicaciones eliminadas y registros de auditoría de las cinco cuentas. La petición también abarca los teléfonos, computadoras y demás equipos electrónicos asignados a la exsecretaria, así como cualquier comunicación vinculada con la controversia que pueda encontrarse en sus dispositivos o aplicaciones personales.
“Esa prueba reside en cuentas de correo electrónico y sistemas que están bajo el control exclusivo del Departamento de la Familia”, menciona la moción.
El reclamo de preservación de evidencia está relacionado con una demanda civil presentada el 23 de octubre en la que Coccoloba y Torres Santana reclaman al menos $2.5 millones por presuntos daños a su reputación. Entre los codemandados figuran el Departamento de la Familia, la ahora renunciante secretaria Roig Fuertes, LAP Consulting Group y Pedraza González.
El origen de la disputa se encuentra en el proceso de selección de NOLA Education para poner en marcha Star Academy, un proyecto educativo valorado en $38.5 millones y financiado con fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
Durante ese proceso, LAP Consulting Group, firma contratada por el Departamento de la Familia para evaluar las propuestas, incluyó a Coccoloba entre las empresas consideradas. Sin embargo, la compañía sostiene que nunca sometió una propuesta ni manifestó interés en participar.
De acuerdo con la demanda, Roig Fuertes, presuntamente, invitó a la empresa el 30 de diciembre de 2025 a presentar una propuesta de servicios profesionales. El 8 de enero de 2026, Torres Santana respondió que no participarían en el proceso. Los demandantes alegan que, a pesar de ese rechazo, el intercambio de correos electrónicos fue reenviado por funcionarios del Departamento de la Familia y posteriormente entregado a un evaluador externo como parte de la documentación correspondiente a las propuestas recibidas.
La controversia gira, en parte, en torno a la versión del mensaje que se utilizó durante la evaluación. Según los demandantes, el Departamento manejó una copia incompleta del correo, lo que habría impedido apreciar que Coccoloba había declinado la invitación.
Como parte de los argumentos para justificar la preservación de los archivos originales, señalaron que el propio Departamento reconoció, en una certificación sometida ante el Senado, que el contenido del correo electrónico no podía visualizarse en su totalidad en la versión impresa utilizada durante el proceso evaluativo.
Por ello, Coccoloba y Torres Santana consideran necesario conservar los mensajes originales y sus metadatos para esclarecer cómo se manejó la comunicación, quiénes tuvieron acceso a ella y si los funcionarios conocían que la empresa había rechazado participar en el proyecto.
En su petición, la empresa aclaró que “no solicita en este momento la producción de documento alguno ni que se adjudique controversia alguna sobre pertinencia o privilegio. Solicita, únicamente, que este Honorable Tribunal ordene preservar, en su estado actual e integro, la información almacenada electrónicamente en las cuentas de correo de la codemandada Roig Fuertes, de los funcionarios de su Oficina que recibieron, reenviaron, remitieron la comunicación de Coccoloba, y del buzón oficial del proceso”.
De esta manera, se reiteró que la petición es que se emita una orden expresamente para que no se elimine y se preserve toda la información, antes de que el cambio de custodio ponga esa prueba fuera del alcance de las partes Familia, con efectividad al 31 de diciembre de 2026, que es la fecha en que sale oficialmente Roig Fuertes de la agencia.
“Se trata de un hecho de conocimiento general, ampliamente difundido por los medios de comunicación del país, del cual este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento judicial”, dice la moción. “Es igualmente de conocimiento público que se ha reclamado que la salida sea inmediata, por lo que la fecha del cesepodria adelantarse”, agrega el documento.
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