Aunque reconoció la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa para investigar, el Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación de la demanda del senador popular Luis Javier Hernández Ortiz para obligar al Departamento de Justicia a entregar información sobre casos archivados en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC).

En una sentencia de 17 páginas y emitida el 24 de agosto, un panel integrado por las juezas Lersy Boria Vizcarrondo, exprocuradora de las Mujeres; Monsita Rivera Marchand y Ana M. Mateu Meléndez, hija de la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez, determinó que Hernández Ortiz no tenía legitimación activa para presentar el recurso ante el Tribunal de San Juan al amparo del Artículo 34-A del Código Político.

“El Departamento de Justicia ha actuado en todo momento conforme al ordenamiento jurídico y con el debido respeto a la separación de poderes. Rechazamos de plano la insinuación de que en este Departamento se proteja a funcionario alguno. Es una alegación seria, hecha sin un solo documento que la sostenga”, dijo la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

En declaraciones escritas, añadió que la agencia “no tiene nada que ocultar, pero sí tiene el deber legal de proteger la integridad de las investigaciones, así como los derechos y la seguridad de los testigos y las víctimas de delito”. “Esa responsabilidad debe cumplirse al mismo tiempo que garantizamos el interés público y el acceso a la información conforme a los límites establecidos por nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó.

Asimismo, la secretaria de Justicia reiteró que reconoce la facultad constitucional de investigación de la Asamblea Legislativa y reafirmó su disposición de continuar colaborando y proveyendo toda aquella información que, conforme a derecho, pueda ser divulgada sin comprometer investigaciones presentes o futuras ni los derechos de las personas involucradas.

“El Departamento de Justicia continuará cumpliendo su responsabilidad con transparencia, prudencia y estricto apego a la ley. Cada determinación que tomamos responde al análisis de los hechos, la evidencia disponible y el derecho aplicable, con el firme compromiso de proteger la integridad de nuestras investigaciones y servir al interés público”, puntualizó.

El pleito inició el 4 de mayo, cuando Hernández Ortiz presentó la Petición de Información 2026-0063 ante el Senado. El requerimiento incluía que el Departamento de Justicia entregara un un listado de los casos archivados a partir de la Orden Administrativa 2025-09 y copia de cada Orden de Cierre y Archivo correspondiente, pero dicha agencia se negó.

Ante esto, el Senado aprobó el 21 de mayo, de manera unánime, una resolución donde se concedía a la secretaria de Justicia un término de 48 horas para entregar la información. El documento establecía, entre otras, que si vencía el plazo sin que se produjeran los documentos, se tomarían las acciones legales necesarias para que se entregara la información.

Cumplido el plazo, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado presentó el 1 de junio una demanda para que se le entregara copias de las órdenes de cierre de 229 investigaciones que involucran a servidores públicos archivadas desde septiembre de 2025, incluyendo la que pesaba desde 2022 contra Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria de la Familia.

La funcionaria era investigada por presuntos actos irregulares cometidos mientras se desempeñaba en un puesto gerencial del Departamento de Salud el cuatrienio pasado. En este caso, Justicia remitió al Senado copia del referido que recibió de Salud sobre la funcionaria que ocupó un cargo del programa que atiende a personas con discapacidad intelectual.