A horas de que comience el juicio en contra de Elvia Cabrera Rivera, acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó unos recursos presentados por la defensa que buscaban paralizar el procedimientos.

Así lo confirmó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, quien emitió un comunicado de prensa en el que asegura que la decisión del máximo foro judicial cierra la puerta a las supuestas “tácticas dilatorias” de la defensa.

La defensa, integrada por los licenciados Mayra López Mulero, Alberto C. Rivera Ramos y Yancarlos Maisonet, buscaba revertir un fallo emitido por el Tribunal de Aibonito, el cual rechazó desestimar los dos cargos que pesan en contra de Cabrera Rivera.

En síntesis, la defensa ha alegado que el Ministerio Público no entregó oportunamente evidencia que consideran exculpatoria o favorable para su representada, que —a su juicio— pudo haber incidido en un resultado distinto durante la vista preliminar.

Por esta razón, los abogados consideran que se violentó el derecho de su representada a tener un proceso judicial justo, y que, por ende, los cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por portación de arma blanca, debían ser desestimados.

Con este reciente fallo del Tribunal Supremo, se mantiene la decisión emitida por la jueza Paola N. Morales Vélez, que negó la desestimación de cargos, aunque reconoció que hay prueba favorable para la defensa que no fue entregada de forma oportuna.

Según la jueza, aunque el Ministerio Público no entregó la evidencia como correspondía, esta resultaba insuficiente para modificar el resultado de la etapa de la vista preliminar, que se llevó a cabo durante tres días -17, 21 y 23 de octubre de 2025- ante la corte.

Dilucidada esta controversia, el juicio contra la acusada continuará conforme a lo programado. Las fechas señaladas para el juicio son: 13, 17, 23 y 24 de febrero a la 1:30 p.m.; 25 y 27 de febrero a las 9:00 a.m.; 5 de marzo a la 1:30 p.m.; y 6 de marzo a las 9:00 a.m.

De inmediato, la secretaria de Justicia se pronunció tras la determinación del Tribunal Supremo, reafirmando la postura de la agencia que dirige.

“Como secretaria de Justicia, recibo con total firmeza la decisión del Tribunal Supremo de no acoger el recurso interpuesto por la defensa. Esta determinación del más alto foro judicial cierra definitivamente la puerta a tácticas dilatorias y valida la solidez de nuestra posición legal”, dijo Gómez Torres.

Asimismo, la secretaria destacó que, con esta resolución, se despeja el camino para que el proceso judicial avance conforme a lo establecido en ley.

“El camino está despejado: la justicia no se detendrá. La justicia no es negociable. Tras la decisión del Tribunal Supremo, avanzamos con paso firme hacia la selección del jurado y el juicio en su fondo. La prueba hablará por sí sola”, puntualizó Gómez Torres.

El fallo del Tribunal Supremo representa un hito en el caso, que también involucra a la joven Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años e hija de Cabrera Rivera, quien enfrenta dos cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Actualmente, Avilés Cabrera se encuentra en la etapa de vista preliminar, durante la cual han declarado bajo juramento dos testigos: una que la identificó como la persona que apuñaló a la víctima y otra que aseguró que ella le confesó haber cometido el ataque.

Mientras, Cabrera Rivera se encuentra en etapa de juicio, un proceso que podría prolongarse por más de tres meses. El juez a cargo ya ha advertido que podría extenderse incluso un año, debido al elevado número de testigos anunciados por el Ministerio Público.

En efecto, la Fiscalía confirmó que cuenta con más de 60 testigos, cuyo testimonio será clave para sustentar su teoría de los hechos ocurridos entre la noche y la madrugada del 10 y 11 de agosto de 2025, en Aibonito, donde también resultó herido otro menor.

La fase inicial del juicio permitirá que se constituyan los mecanismos necesarios para evaluar la evidencia, escuchar los argumentos de la defensa y la Fiscalía, y determinar la responsabilidad de la acusada en relación con los cargos que le imputa el Ministerio Público.

Este proceso es esencial para garantizar que todas las partes tengan la oportunidad de presentar sus casos ante un jurado imparcial y que se cumpla con los principios fundamentales del sistema judicial.