Con el indulto concedido a Ashley Torres Feliciano por parte de la gobernadora, honorable Wanda Vázquez, por fin se atiende lo que, a todas luces, fue una gran injusticia. Precisamente, la facultad constitucional de conceder indultos persigue hacer justicia a personas que, como Ashley, han sido víctimas del sistema.

Y ella lo fue cuando su victimario nunca fue arrestado por la Policía o cuando, sin evaluación individualizada de clase alguna, fue acusada como adulta por fiscales, a sus escasos dieciséis años, a tenor con una Ley de Menores draconiana e inservible. Agregamos a ello un Departamento de la Familia que nunca le proveyó apoyo a esta joven, madre a los 14 años. Sumemos un sistema de justicia en el que se tramitó un juicio de manera atropellada y, además, se suprimió —por parte del Estado— evidencia exculpatoria; supresión que no tuvo consecuencia legal de clase alguna. Recalquemos que se trata del mismo sistema de justicia que permitió que a un hombre adulto se le impusiera una pena de 11 años mientras que a una joven adolescente de 16 años se le impusieran 111 años de cárcel; es decir, ¡más de un siglo! de diferencia por, alegadamente, los mismos hechos.

Este caso nos recuerda que nuestro sistema de justicia dista mucho de ser perfecto. No puede serlo ya que es manejado por seres humanos. Así, pues, nos corresponde a todos fiscalizarlo con firmeza y honestidad intelectual. En esa dirección, espero que esté en la agenda de la próxima Asamblea Legislativa presentar medidas que minimicen la posibilidad de condenas erróneas o de sentencias desproporcionadas, medidas que estén a tono con la conducta realizada o la madurez y capacidad cognoscitiva de los presuntos autores. Entre las primeras medidas que deben presentarse se encuentra una nueva Ley de Menores, parecida a la que unánimemente aprobó el Senado hace dos años y que vetó el exgobernador Ricardo Rosselló.

Debemos aspirar, además, a que no sea necesaria, en un futuro cercano, la concesión de decenas o cientos de indultos o clemencias ejecutivas para corregir desvaríos de la justicia. Aspirar —continúo— a un proceso penal que pueda atender las necesidades de las víctimas (que no son realmente bien atendidas), pero dentro de un proceso garantista que minimice las adjudicaciones y las mencionadas condenas erróneas. Ese fin último y primero, ese balance, tiene que procurarse y alcanzarse.

Por otro lado, debemos asegurarnos de que ese extraordinario poder de conceder indultos no sea otorgado, como en el caso del presidente de los Estados Unidos, por consideraciones ajenas a la inocencia o rehabilitación. Un indulto en esa dirección es contrario a la verdadera finalidad y justificación histórica de dicha potestad.

A Ashley la acertada acción de la gobernadora le concede una nueva oportunidad de vida o, como escribió en este mismo espacio Benjamín Torres Gotay, una verdadera primera oportunidad porque el Estado siempre se la había negado. La alegría y esperanza producida por este indulto se disipa un poco al reconocer que hay otras Ashleys en nuestras cárceles que necesitan nuestra atención ya que el propio sistema las ha “procreado” y reproducido en demasía.

¡Bienvenida, Ashley! …. a la libertad que te quitaron prematura e injustamente.