En medio de la situación tan precaria que vive nuestro país a consecuencia de la pandemia del COVID-19 el gobierno del PNP intenta aprobar proyectos de ley con enormes consecuencias para nuestra sociedad.  Uno es la mal llamada reforma electoral.  ¿A quién se le ocurre cambiar las reglas del juego de pelota en la séptima entrada?  Sólo a un partido desesperado por robarse las elecciones o, aún perdiendo, asegurar la hegemonía y control del aparato electoral que es la Comisión Estatal de Elecciones.

En otros artículos he resumido muchos de los peligros de esta deforma electoral, pero en esta ocasión amerita que enfatice en uno que en ocasiones ha pasado desapercibido: el intento de desaparecer a las minorías de la toma de decisiones en asuntos electorales y, por consiguiente, la eliminación de la transparencia y la legitimidad de los procesos afianzando el bipartidismo PNP-PPD que tanto daño le ha hecho al país. 

Si se hubiese implantado este proyecto previo a las elecciones pasadas los resultados de ese evento hubiesen representado la peligrosa consecuencia de que la CEE estuviera regida por los pasados tres años sólo por el binomio rojo y azul.  Aquellos que cada vez somos más los que no pertenecemos a dichos partidos no hubiésemos tenido ni tendríamos representación en este cuatrienio en la institución que rige los procesos electorales en el país. ¿Quién fiscalizaría todos los procesos de inscripción, reactivación, transferencia y otros? ¿Quién aseguraría que el Registro Electoral no se altere en beneficio de un solo partido? ¿Quién adjudicaría los votos al final del camino?

No hay que ir muy lejos para identificar un escenario cercano que explica las consecuencias de la ausencia de las minorías y su rol de fiscalización. Podemos mencionar la legislatura y el rol imprescindible de las minorías.  El pueblo puertorriqueño puede imaginar lo que viviríamos en este cuatrienio si no tuvieramos la presencia de un Juan Dalmau en el Senado y un Denis Márquez en la Cámara.  Basta con mencionar el extraordinario trabajo fiscalizador del representante en las recientes vistas sobre la compra fraudulenta de las pruebas del COVID-19.  La presencia de ambos legisladores de minoría representa la voz fiscalizadora en temas tan trascendentales como el hacerle frente a la política neoliberal de austeridad y privatización de la Junta Fiscal Federal, la batalla contra el cierre de las escuelas públicas, la lucha en defensa de la salud y el ambiente de las comunidades del sur contra el depósito de cenizas, la defensa de la Universidad de Puerto Rico, la atención a los reclamos de la comunidad sorda, la protección de derechos de los niños de educación especial, el rechazo al despido de miles de empleados y la defensa de un sistema de retiro digno, entre otros.

En el pasado la discusión de los cambios sobre los procesos electorales ha sido acordado por todas las partes en consenso.  La leyaún vigente fue el resultado del consenso de los tres partidos inscrito luego del escándalo de Valencia, en las elecciones de 1980.  A algunas personas convenientemente se les olvida que en un país existe mayoría pero también minorías.  Mucho cuidado con la represión institucionalizada y el afán obsesivo de aplastar a las minorías mediante decretos unilaterales partidistas, eliminando derechos que garantizan la participación de las distintas opciones. En ocasiones se puede estar arriba, pero en otras, cuando la rueda gira, puedes acabar abajo.  La historia es implacable.