
Opinión
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En 1986, el gobernador Rafael Hernández Colón —en una de sus gestiones más audaces— intentó forjar un acuerdo económico (en sus propias palabras “bilateral”) con Japón. La aspiración era eximir de impuestos locales a inversionistas japoneses en Puerto Rico. Con ello buscaba consolidar una política de desarrollo económico bajo la premisa de una “autonomía fiscal” del Estado Libre Asociado (ELA).
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