El país está enfrentando la emergencia del COVID-19 y las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas, siguen sufriendo el efecto del impuesto al inventario en los abastos de alimentos, medicamentos y otros productos necesarios para enfrentar la emergencia. Se repite la misma historia de María, que nos dio tantas lecciones que no aprendimos.

El valor del inventario de la mercancía que tienen los comercios para reabastecer lo que se vende paga un impuesto, que varía por municipio. Según cálculos de economistas, este impuesto puede promediar un 8% con un recaudo estimado de unos $200 millones.

Este impuesto tiene como efecto la falta de disponibilidad de inventario o el “out of stock” que afecta al consumidor que constantemente experimenta la falta de productos en las góndolas de los comercios. Los “out of stock” pueden estar en un promedio de 20%, comparado con el promedio de 13.89% previo al huracán Irma en el 2017 y al que no hemos logrado volver.

A raíz de la falta de abastos que el país sufrió tras María y en preparación para otra emergencia nacional, se radicó un proyecto en el 2018, que recomendaba que se eliminara el pago de la contribución sobre inventarios a empresas de ventas al detal, de la industria de turismo y de producción industrial o agro-industrial con ventas menores de $5 millones. El proyecto indicaba que esto impactaría a unas 42,000 empresas en la isla, pero representaría un impacto fiscal pequeño para los municipios, quienes se han opuesto férreamente a la derogación del impuesto al inventario por ser una fuente de sus ingresos.

Estamos en el 2020, enfrentando otra emergencia nacional cuyo alcance en la economía y la salud del país aún desconocemos. La población vuelve a experimentar la escasez de artículos en muchos renglones, incluyendo artículos en las farmacias, porque no se ha eliminado el impuesto al inventario ni se han buscado otras alternativas de recaudos a las maltrechas arcas de los municipios. 

El país no puede seguir sufriendo los efectos del impuesto al inventario porque si no es el COVID-19 será un huracán o un terremoto o cualquier otra emergencia nacional. Llegó el momento de tomar acción y poner en práctica los aprendizajes de María eliminando el impuesto al inventario para estar preparados y tener un país más resiliente ante futuras emergencias. Esto es impostergable y necesario.