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Analicemos la cubierta noticiosa sobre la vista de Aurelius y la impugnación que hizo, gallardamente, la Utier de la ley Promesa y de las actuaciones de la Junta de Control Fiscal. Se plantea que la ley Promesa es inconstitucional porque viola la separación de poderes y que los nombramientos de los miembros de la junta fueron hechos de manera inconstitucional porque violaban la ley de nombramientos federal al no ser enviados al Senado para su confirmación. La Junta lleva tres años operando y ha hecho varias decisiones de política pública y transacciones al amparo de la ley Promesa para refinanciar la deuda pública. Las preguntas de los jueces a los abogados ponentes ya reflejan el posible resultado del caso.
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