La ola de manifestaciones estudiantiles en los recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha reiniciado el debate sobre la Ley 2 de 1966, la cual establece que el 9.6% de los ingresos fiscales del gobierno se destinarán a la UPR. Quienes defendemos la restauración de esta fórmula entendemos que nuestra universidad pública es un proyecto de país que merece una inversión robusta y estable. La Junta hasta el momento ni siquiera reconoce la posibilidad de restaurar este mecanismo de asignación presupuestaria. A su vez, esta realidad también descansa sobre la renuncia del propio gobierno local a exigir, en el proceso presupuestario, la restitución de la fórmula.

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