Nery E. Adames Soto, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, señala que antes de tomar una decisión final sobre el futuro de Uber, o cualquier otra nueva tecnología semejante, se ha de...
Nery E. Adames Soto, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, señala que antes de tomar una decisión final sobre el futuro de Uber, o cualquier otra nueva tecnología semejante, se ha de...
L a inminente entrada de Uber al mercado puertorriqueño provoca el mismo debate álgido que ha acontecido en otros países que afrontan su llegada. Al igual que en diversas partes del mundo, en Puerto Rico los protagonistas de la controversia suelen repetirse: agrupaciones de taxistas que resisten la competencia o la conciben como competencia desleal; agencias estatales reguladoras de la transportación pública, que se ven superadas por la nueva tecnología que logra prescindir de cargas burocráticas redundantes; sectores comerciales que aducen que su inclusión supondrá un impulso a la economía, pero sin precisar cuáles serán las aportaciones aducidas; desempleados que atisban una posible fuente de empleo. Ocurre con estos grupos que de ordinario prestan poca o ninguna atención a la perspectiva del interés del consumidor, a pesar de ser el sector más afectado por una decisión u otra.
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