Washington D.C. - Al responder a un reclamo del congresista republicano Paul Gosar (Arizona), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó que tiene bajo evaluación las contribuciones municipales sobre proyectos de construcción en Puerto Rico, más allá de la orden que dio para frenar la ley 2015 de 2024 que permite imponerlas a obras financiadas por el gobierno federal.

“La Junta de Supervisión coincide en que imponer impuestos especiales a la construcción más elevados a los proyectos financiados para la recuperación tras desastres que a proyectos privados comparables es una política pública desacertada”, indicó el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en una carta enviada el martes al congresista Gosar, quien había pedido respuestas para ese día.

Mujica dijo que la JSF ha comunicado “reiteradamente al gobierno de Puerto Rico y a los municipios que aplicar tasas impositivas más altas a los proyectos financiados por el gobierno en comparación con el desarrollo privado es contraproducente, socava los esfuerzos para obtener fondos federales, desalienta la inversión y dificulta la actividad de reconstrucción, esencial para la reactivación económica a largo plazo”.

El republicano Gosar, presidente de la subcomisión de Investigaciones del Comité de Recursos Naturales y uno de los más conservadores de su caucus, había pedido el 18 de agosto a la JSF – que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico-, que le informara para el 15 de septiembre si se propone cuestionar en un tribunal federal el impuesto municipal sobre proyectos de construcción financiados por el gobierno de Estados Unidos, como permitiría la ley 2015, y el total de fondos recaudado por los municipios sobre proyectos relacionados a la reconstrucción del archipiélago.

Gosar había solicitado también a la JSF que le entregara cualquier auditoría, informe o datos financieros sobre esos recaudos y si ha tomado posición en contra de impuestos retroactivos a contratistas federales por servicios esenciales después de los huracanes Irma y María de 2017.

Aunque no descartó tener que ir ante el tribunal de bancarrota territorial creado por la ley Promesa que preside la jueza Laura Taylor Swain, Mujica señaló que la JSF ha ordenado a los gobiernos de Puerto Rico que no se implemente la ley 2015, después de que la administración de Jenniffer González señalara originalmente que iba a intervenir en el asunto, para luego decir que eso correspondería a los municipios.

Para la JSF, lo ideal es que el gobierno de Puerto Rico legisle para evitar el “trato diferenciado y alinee la tributación de la construcción financiada por el gobierno en Puerto Rico con el enfoque seguido en otras jurisdicciones de los Estados Unidos”. En ese sentido, Mujica indicó que tienen “la intención de trabajar con la Legislatura y el gobierno de Puerto Rico para lograr ese fin”.

De todos modos, la JSF sostuvo que dos de tres municipios que habían “modificado sus ordenanzas municipales para implementar las disposiciones de la ley 215”, han asegurado que no lo harán, aunque hasta el martes un tercero no había respondido.

“Si bien los municipios de Puerto Rico tienen la facultad de cobrar impuestos especiales a los contratistas privados que trabajan en proyectos de construcción y otras infraestructuras financiados por el gobierno, al igual que los municipios de muchas otras jurisdicciones de Estados Unidos, en la práctica, las subvenciones federales han cubierto esos impuestos a la tasa generalmente aplicable del municipio”, sostuvo Mujica.

El director ejecutivo de la JSF, sin embargo, señaló a Gosar que “la práctica reciente de algunos municipios de Puerto Rico de cobrar una tasa más alta en proyectos que reciben financiación local o federal que en proyectos financiados con fondos privados merece un análisis más detallado, aunque cabe señalar que esta práctica es anterior a la promulgación de la ley 215 y no es consecuencia de ella”.

Pero, al mismo tiempo, advirtió que si tienen conocimiento “de que los municipios están implementando las disposiciones infractoras de la ley 215 y determina que dicha ley viola la ley Promesa o el plan fiscal aplicable, y no puede garantizar el cumplimiento mediante métodos de colaboración (que pueden incluir el acuerdo entre la Legislatura y el gobernador para derogar la ley), podrá recurrir a sus facultades conforme (a la ley Promesa)…para impedir la aplicación de la ley 215”.

Al presentar una lista a Gosar, Mujica indicó que el análisis preliminar de la JSF sobre la política tributaria en los municipios refleja que “22 de los 78 municipios de Puerto Rico (28%) imponen tasas impositivas más altas sobre la construcción en proyectos de infraestructura financiados por el gobierno que en proyectos financiados con fondos privados”.

“De estos, 15 municipios aplican un impuesto del 10% a los proyectos financiados por el gobierno, en la mayoría de los casos el doble, y en algunos casos más del doble, de la tasa aplicada a proyectos comparables del sector privado”, añadió Mujica, al señalar que esa tendencia se acentuó tras la catástrofe causada por el huracán María en Puerto Rico, lo que abrió paso a decenas de miles de millones de dólares en asignaciones federales para la reconstrucción del archipiélago boricua.

De los 22 municipios que imponen tasas de impuestos más altas a proyectos financiados con fondos gubernamentales, 20 las han adoptado después del huracán María. Mujica dijo que de esos 20, “11 implementaron tasas impositivas más altas entre 2022 y 2025, lo que subraya la creciente prevalencia de esta preocupante tendencia”.

“La JSF continúa su investigación y, con base en sus hallazgos, está preparada para tomar las medidas apropiadas si determina que los municipios están implementando las disposiciones infractoras de la ley 215 o que las prácticas tributarias municipales están poniendo en riesgo los fondos federales de recuperación ante desastres”, precisó Mujica.

La organización conservadora Frontiers of Freedom ha coincidido con el congresista Gosar en que la JSF debe pedir la anulación del estatuto ante la jueza Swain.

En julio, en apoyo a los esfuerzos de la empresa Cobra Acquisitions por impedir que se le impongan contribuciones municipales por los proyectos que llevaron a cabo en Puerto Rico, Frontiers of Freedom solicitó a los Inspectores Generales de los departamentos de Seguridad Nacional, Vivienda y Desarrollo Urbano, y Energía investigar si los municipios –con el impuesto a los proyectos de contratistas – desvían a sus arcas, ilegalmente, fondos federales destinados a la reconstrucción del archipiélago.

La JSF advirtió que los impuestos contra Cobra Acquisitions anteceden la ley 2015.

“Entendemos que Cobra está sujeta a sentencias confirmadas por tribunales de apelación de Puerto Rico a favor de algunos de estos municipios, con base en la interpretación que dichos tribunales hicieron del Código Municipal vigente antes de la Ley 215. Otras cortes del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico han llegado a la conclusión opuesta, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico no ha resuelto el conflicto”, explicó Mujica.

Pese a que analiza si el cobro de impuestos a la empresa estadounidense plantea algún conflicto con la ley Promesa, la JSF mantuvo “que estas sentencias tributarias son pagaderas por Cobra y no serán pagadas ni reembolsadas por la Autoridad de Energía Eléctrica ni con fondos federales”.