Washington D.C. - El senador demócrata Ron Wyden (Oregón), líder de la minoría en el Comité de Finanzas, avivó sus reclamos al Servicio de Rentas Internas federal (IRS, en inglés) para que investigue a plenitud el potencial fraude en el uso de los beneficios de la antigua Ley 22 puertorriqueña.

Wyden pidió especial atención a las gestiones de los abogados Jeffrey Rubinger y Summer LePree, que, según Bloomberg Tax, están bajo examen de investigadores federales por ayudar a clientes a evadir más de $100 millones en impuestos al declarar que su domicilio está en Puerto Rico.

“Me preocupa que numerosos inversionistas hayan utilizado opiniones legales de Rubinger y LePree para evitar el pago de impuestos federales sobre las grandes ganancias de capital obtenidas antes de mudarse a Puerto Rico”, indicó el senador, en una carta enviada el miércoles a Jarod Koopman, director de Cumplimiento Tributario del IRS.

La carta tiene varias tachaduras, incluidos nombres de multimillonarios o firmas que pudieran estar bajo investigación.

Desde 2021, el IRS informó que investigaba cerca de un centenar de beneficiarios de la antigua Ley 22 –ahora parte de la Ley 60 de 2019– que pudieran enfrentarse a denuncias criminales.

En septiembre pasado, Bloomberg Tax informó que la fiscalía federal de Miami (Florida) ha revisado registros de clientes del bufete internacional Baker McKenzie LLP, que tiene su oficina principal en Chicago (Illinois), como parte de un requerimiento de información.

Rubinger y LePree –que fueron parte de Baker McKenzie y cuyos abogados han negado que hayan hecho algo irregular– han trabajado muchos casos de personas que cambian su residencia a Puerto Rico. Ambos abogados, según los informes, fueron contratados luego por la oficina de Miami de Winston & Strawn LLP.

Wyden sostuvo que, en momentos en que el IRS investiga, “con toda razón, si las personas que se han mudado a Puerto Rico están haciendo un uso indebido de la Ley 60 de Puerto Rico para evadir miles de millones de dólares en ingresos de los impuestos estadounidenses (…) hay docenas de inversionistas ultrarricos que recibieron asesoramiento dudoso de socios de importantes bufetes de abogados”.

Bajo la Ley 60, el gobierno de la isla incorporó el lenguaje de la Ley 22 que otorga una exención total del pago de impuestos sobre ciertos ingresos pasivos a personas que no vivieron en Puerto Rico entre 1997 y 2012 y que decidan mudarse a la isla, al menos, 183 días al año.

Durante el verano, el empresario Suresh Gajwani se declaró culpable –en un tribunal federal de Miami– de evadir los impuestos de cerca de $80 millones en ganancias, tras alegar falsamente que su empresa tenía derecho a los beneficios contributivos de la antigua Ley 22 en Puerto Rico.

La semana pasada, la publicación Tax Notes informó que hay preocupación de que el IRS quiera suavizar sus investigaciones, al indicar que esa oficina se propone cesar al agente que ha liderado las pesquisas en contra de los beneficiarios de la antigua Ley 22, en momentos en que las aceleraba.

Al dar a conocer la aparente próxima salida de su puesto de Brian Visalli, la publicación citó a un abogado de asuntos tributarios que fue empleado del gobierno federal.