La administración de Donald Trump está bloqueando al gobierno de Venezuela para que no pague el costo de la defensa del líder venezolano Nicolás Maduro contra cargos de narcotráfico en Nueva York, una medida que potencialmente interfiere con su derecho constitucional a un abogado, dice su abogado.

El abogado Barry Pollack dijo a un juez federal de Manhattan en un correo electrónico la semana pasada que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había bloqueado la autorización de los honorarios legales que el gobierno de Venezuela está obligado a pagar por Maduro y la primera dama Cilia Flores bajo su ley y costumbre. El correo electrónico se incorporó al registro público del tribunal el miércoles.

Maduro y su esposa están encarcelados en Nueva York sin derecho a fianza desde que fueron detenidos en su casa venezolana el 3 de enero en una incursión nocturna sigilosa de fuerzas militares estadounidenses. Ambos se han declarado inocentes.

La sorprendente captura tras un mes de concentración militar en el Caribe ha allanado el camino para que la administración Trump ejerza una enorme influencia sobre la sustituta de Maduro, su vicepresidenta y ahora presidenta en funciones, Delcy Rodríguez. Bajo la presión de Estados Unidos, Rodríguez se ha movido rápidamente para abrir la industria petrolera de Venezuela a la inversión estadounidense, liberar a los presos políticos y restablecer las comunicaciones directas con Washington, algo nunca visto desde que la primera administración Trump cerró la embajada de Estados Unidos en Caracas en 2019.

En el correo electrónico, Pollack decía que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que administra las sanciones contra Venezuela, había concedido el 9 de enero un permiso por el que se aprobaba el pago de los honorarios legales por parte del gobierno venezolano.

Menos de tres horas después, sin embargo, la administración Trump arrebató la autorización “sin explicación”, aunque dejó en su lugar una licencia que otorgaba permiso para que se pagara a los abogados de la esposa de Maduro, dijo Pollack.

La disputa por los honorarios legales de Maduro está íntimamente ligada a la política exterior de Estados Unidos. La primera administración Trump cortó lazos con Maduro en 2019, reconociendo al entonces jefe opositor de la Asamblea Nacional como líder legítimo de Venezuela. La administración Biden se ciñó estrechamente a la misma política.

Sin embargo, permitir que el gobierno de Rodríguez pague el costo de la defensa de Maduro podría complicar los esfuerzos de los fiscales en la corte para contrarrestar el argumento del líder depuesto de que su captura fue ilegal y que como jefe extranjero de un Estado es inmune a la persecución bajo la ley estadounidense e internacional.

Una acusación de 25 páginas contra Maduro le acusa a él y a otros de trabajar con cárteles de la droga y miembros del ejército para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Tanto él como su esposa se enfrentan a cadena perpetua si son declarados culpables.

Como parte de la supuesta conspiración, Maduro y su esposa habrían ordenado secuestros, palizas y asesinatos de quienes les debían dinero del narcotráfico, según la acusación. Según la acusación, esto incluyó el asesinato de un jefe local del narcotráfico en Caracas.

Los mensajes en busca de comentarios del Departamento del Tesoro, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no fueron devueltos inmediatamente.

Pollack dijo que el 11 de febrero pidió a la Oficina de Control de Activos Extranjeros que restableciera la licencia original y despejara el camino para que Venezuela cumpliera con su obligación de pagar los costos de defensa de Maduro.

El abogado añadió que Maduro “no puede costearse un abogado de otro modo” y que solicitará ayuda al juez para pagar su defensa.

Pollack dijo que Estados Unidos estaba “interfiriendo con la capacidad del señor Maduro para contratar a un abogado y, por lo tanto, su derecho bajo la Sexta Enmienda a un abogado de su elección”.