Un juez federal falló el viernes en contra del gobierno del presidente Donald Trump para impedir que se ponga fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.

El fallo del juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, a favor de los demandantes significa que 600,000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o cuyas protecciones estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en Estados Unidos. También mantiene las protecciones para unos 500,000 haitianos.

Chen reprendió a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, por revocar las protecciones para venezolanos y haitianos que, según el juez, los enviaría “de regreso a condiciones que son tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar a sus países de origen”.

Dijo que las acciones de Noem fueron arbitrarias y caprichosas, y que excedió su autoridad al poner fin a las protecciones que fueron extendidas por el gobierno del expresidente Joe Biden.

Distintas presidencias estadounidenses han ejecutado la ley durante 35 años basándose en la mejor información disponible y consultando a otras agencias, “un proceso que involucra un estudio y análisis cuidadoso. Hasta ahora”, escribió Chen.

Los demandantes y sus abogados acogieron con satisfacción la noticia el viernes, aunque no está claro si ayudaría a las personas que ya han sido deportadas.

“En los últimos meses, personas han sufrido daños indescriptibles —incluida la deportación y la separación familiar— debido a que la Corte Suprema dio luz verde a la agenda discriminatoria y dañina de la secretaria Noem", expresó Emi Maclean, abogada principal de la Fundación de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del Norte de California. “Eso debe terminar ahora”.

Un portavoz del DHS indicó en un correo electrónico que el programa ha sido “sujeto de abusos, explotado y politizado como un programa de amnistía de facto”, y que “jueces activistas no elegidos” no pueden detener el deseo del pueblo estadounidense de tener un país seguro.

“Aunque esta orden retrasa la justicia, la secretaria Noem utilizará todas las opciones jurídicas a disposición del Departamento para poner fin a este caos y dar prioridad a la seguridad de los estadounidenses”, decía el correo electrónico.

Las redadas migratorias del segundo gobierno de Trump han derivado en un aumento en los arrestos de personas que se encuentran ilegalmente en el país, pero también en el fin de programas que ofrecen autorización legal —aunque temporal— para vivir y trabajar en Estados Unidos si se considera que las condiciones en los países de origen de los inmigrantes son inseguras.

Según documentos judiciales, el gobierno ha puesto fin a las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y de permiso condicional humanitario para aproximadamente 1,5 millones de personas, lo que ha provocado que activistas defensores de los inmigrantes interpongan demandas en diversas partes del país.

El Estatus de Protección Temporal es una designación que el titular del DHS puede otorgar a personas que están en Estados Unidos si se considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para que regresen debido a un desastre natural, inestabilidad política u otras condiciones peligrosas.

Millones de venezolanos han huido de la agitación política, el desempleo masivo y el hambre. El país está sumido en una prolongada crisis provocada por años de hiperinflación, corrupción política, mala gestión económica y un gobierno ineficaz.

Haití fue designado por primera vez para el TPS en 2010 después de que un catastrófico terremoto de magnitud 7.0 causara muerte y lesiones a cientos de miles de personas, y dejara a más de 1 millón de personas sin hogar. Los haitianos enfrentan hambre generalizada y violencia de pandillas.

Sus designaciones debían expirar en septiembre, pero luego se extendieron hasta febrero debido a una orden judicial en Nueva York emitida por separado.

Noem dijo que las condiciones en ambos países habían mejorado, y que permitir que los migrantes de esos países permanecieran en lo que es un programa temporal no conviene a los intereses nacionales. Los abogados del gobierno han dicho que la clara y amplia autoridad de la secretaria para tomar determinaciones relacionadas con el programa TPS no está sujeta a revisión judicial.

Las designaciones se otorgan por períodos de 6, 12 o 18 meses, y se pueden conceder extensiones mientras las condiciones en los países de origen sigan siendo graves. El TPS impide que los titulares sean deportados y les permite trabajar.

La medida de la secretaria de revocar el TPS no sólo carece de precedentes en la manera y rapidez con la que se tomó, sino que también viola la ley, escribió Chen.

El caso ha tenido numerosos giros jurídicos, incluida una apelación ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En marzo, Chen pausó temporalmente los planes del gobierno para poner fin al TPS para personas de Venezuela. Se calculaba que 350.000 venezolanos perderían las protecciones el mes siguiente.

Pero en mayo la Corte Suprema federal revocó su orden mientras la demanda seguía su curso. Los jueces no proporcionaron una justificación, lo cual es común en apelaciones de emergencia, ni se pronunciaron sobre el fondo del caso.

Venezolanos cuya protección había expirado fueron despedidos de sus trabajos, separados de sus hijos, detenidos por agentes e incluso deportados, indicaron abogados de los titulares de TPS.

Una declaración judicial proporcionada por los demandantes mostró la agitación causada por el gobierno de Trump y la decisión de la Corte Suprema.

Después de presentarse ante las autoridades para su verificación anual de estatus migratorio, una anfitriona de restaurante que vivía en Indiana fue deportada a Venezuela en julio. Su esposo, un supervisor de una empresa de construcción, no puede trabajar y al mismo tiempo cuidar al bebé de ambos.

En junio, un empleado de FedEx se presentó uniformado a su verificación de estatus migratorio, pero fue detenido, según la declaración judicial. Durmió durante unas dos semanas en el suelo, aterrorizado de que lo enviaran a la notoria prisión Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. Su esposa no puede mantener el hogar con los ingresos que ella percibe.

“No soy un criminal”, manifestó en la declaración, y añadió que “inmigrantes como yo vienen a Estados Unidos para trabajar duro y contribuir, y en cambio nuestras familias y vidas están siendo destrozadas”.

La revocación de la Corte Suprema no se aplica al fallo del viernes. Se prevé que el gobierno apele.

La semana pasada, un panel de tres jueces de apelaciones también se puso del lado de los demandantes, diciendo que el gobierno republicano no tenía la autoridad para anular las extensiones de protección otorgadas por el gobierno anterior.