Washington— El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, autorizó el viernes que la Casa Blanca continúe provisionalmente con la construcción del proyecto de salón de baile del presidente Donald Trump, valorado en $400 millones, mientras el Alto Foro examina la solicitud de urgencia presentada por el Gobierno para intervenir en las demandas relacionadas con el proyecto.

La orden provisional se dictó horas antes de que varias sentencias de tribunales inferiores obligaran a detener la construcción del proyecto por encima del nivel del suelo, ya que Trump no había obtenido la aprobación del Congreso.

La medida seguirá vigente hasta que el Tribunal Supremo dicte una resolución más definitiva, aunque en el documento de una página no se detalla el razonamiento de Roberts ni se indica cuándo se dictará otra sentencia. Roberts firmó la orden porque es el encargado de supervisar los recursos de urgencia de los casos presentados en la capital.

El caso llega ante el Tribunal Supremo del país, mientras el presidente republicano hace gala de un poder presidencial sin precedentes e intenta moldear cada vez más la capital a su propia imagen.

El Gobierno ha sostenido que el presidente tiene plena autoridad para renovar la Casa Blanca y otros edificios federales según considere oportuno, y que el proyecto del salón de baile debe completarse por motivos de seguridad nacional.

Cuando Trump anunció por primera vez los planes para un nuevo salón de baile, no hizo hincapié en la seguridad nacional. Afirmó que el proyecto se financiaría con donaciones privadas, incluidas las suyas.

El National Trust for Historic Preservation sostiene que Trump no tiene autoridad unilateral para llevar a cabo las obras, que han incluido la demolición del Ala Este. Los abogados de la organización de conservación acusaron a la Casa Blanca de intentar “adelantarse a los tribunales” al acelerar la construcción.

Una portavoz del fideicomiso señaló el viernes que la resolución de Roberts no es una decisión definitiva y que el grupo espera nuevas medidas. Es probable que el pleno del Tribunal Supremo se pronuncie posteriormente sobre si la construcción puede continuar durante la duración, posiblemente prolongada, del proceso judicial.

Trump afirmó que su Gobierno agradece la decisión tomada el viernes y escribió en las redes sociales que el proyecto está “por debajo del presupuesto y por delante de lo previsto”.

El Gobierno de Trump afirma que ya se ha completado el 65 % de las obras del salón de baile de 90,000 pies cuadrados, en el lugar donde se encontraba el Ala Este antes de que el presidente ordenara su demolición.

Según los documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los equipos trabajan 20 horas al día, siete días a la semana, en el proyecto, en el que se han gastado o comprometido unos $200 millones procedentes de donaciones privadas.

La obra ha ido avanzando con el litigio como telón de fondo, mientras el caso sigue su curso en los tribunales.

En abril, un juez de un tribunal de distrito ordenó detener la construcción de la sala de baile a nivel del suelo. Esa sentencia se suspendió brevemente y posteriormente fue ratificada por un tribunal de apelación. El juez federal de distrito Richard Leon, en Washington, permitió que las obras continuaran únicamente bajo tierra, en búnkeres e instalaciones militares. Leon fue nombrado por el presidente republicano George W. Bush.

La decisión de Leon fue confirmada por un tribunal de apelación, ya que dos jueces nombrados por presidentes demócratas concluyeron que la decisión sobre el proyecto correspondía al Congreso y que “no es un asunto que corresponda a la acción unilateral del Poder Ejecutivo”. Un tercer juez, nombrado por Trump, determinó que la organización conservacionista que impugna el proyecto carecía de legitimación para presentar la demanda.

El fiscal general, D. John Sauer, retomó ese argumento y calificó la decisión que paralizó las obras de “extraordinaria e ilegal”. Afirmó que la finalización del proyecto “es de vital importancia para la seguridad nacional”.

El Gobierno de Trump ha logrado una serie de victorias en los procedimientos de urgencia ante el Tribunal Supremo, aunque los magistrados han fallado en contra de algunas de las políticas emblemáticas del presidente tras un examen más exhaustivo.