Según documentos judiciales, el estado de Tennessee busca impedir que los abogados de Christa Pike tengan acceso al fármaco utilizado en la inyección letal de su ejecución fallida, con el argumento de que ello revelaría la identidad del proveedor, lo cual constituiría una violación de la ley estatal.

La solicitud se presenta a raíz de una orden judicial para preservar las pruebas en una demanda interpuesta por los abogados de Pike y refleja el secretismo que rodea a los fármacos utilizados en las ejecuciones, algo que los estados suelen argumentar que es necesario para proteger el acceso a dichos fármacos y la seguridad de los proveedores.

Pike, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital en septiembre, las cuales, según sus abogados, probablemente no se administraron correctamente en su torrente sanguíneo y, en cambio, se acumularon en sus brazos, dejándolos con quemaduras y ampollas. El estado ha declarado que está cumpliendo con una orden más amplia de la jueza I’Ashea L. Myles que exige la preservación de la evidencia.

Sin embargo, en un escrito judicial presentado el viernes, el estado solicitó al juez que revocara la parte de su orden que permitía al equipo legal de Pike inspeccionar, recoger y analizar cualquier resto de pentobarbital del intento de ejecución.

En una declaración jurada citada en el escrito del estado, un empleado del Departamento Correccional de Tennessee afirmó que se podría identificar al proveedor del fármaco si se permitiera al equipo legal de Pike manejar los frascos de pentobarbital que quedaron de la ejecución fallida, o revisar el etiquetado de los frascos. El empleado, cuyo nombre no se reveló, escribió que los residuos del pentobarbital utilizado en la ejecución fallida de Pike “es muy probable que se encuentren” en los frascos de la sustancia utilizada en el intento de ejecución.

El empleado afirmó que al proveedor del estado le preocupaba que, incluso con la información censurada en las etiquetas, se pudiera identificar la fuente del pentobarbital. El empleado dijo que otro proveedor había dejado de comunicarse con el departamento en 2024 después de que se revelara su identidad y que, probablemente, el estado no podría encontrar otros proveedores si perdiera el acceso a su fuente actual del medicamento.

“No se puede permitir que los abogados y los peritos de Pike vean, manipulen ni obtengan de ninguna otra forma la información sobre los frascos restantes de pentobarbital de la ejecución fallida de Pike”, escribió el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, en un escrito judicial.

La ley de Tennessee prohíbe la divulgación pública de la identidad de cualquier persona o entidad involucrada en la adquisición de sustancias letales o en la ejecución de sentencias de muerte.

Luke Ihnen, abogado que representa a Pike, dijo que identificar públicamente al proveedor de los fármacos utilizados en la inyección letal del estado “nunca ha sido el objetivo” del litigio.

Dijo que es importante que el equipo legal de Pike pueda revisar cómo estaba etiquetado y almacenado el pentobarbital utilizado en su ejecución fallida, para entender si hubo problemas con la forma en que se mezcló, transportó o manejó, y si había vencido.

“Todavía no sabemos exactamente qué pasó esa noche”, dijo Ihnen. “Ese tipo de detalles son información valiosa para entender qué salió mal”.

La portavoz del Departamento Correccional de Tennessee, Dorinda Carter, se negó a hacer comentarios, alegando que hay un litigio en curso.

Pike estuvo hospitalizada y conectada a un respirador durante varios días tras la ejecución fallida. Ha regresado a la cárcel y ha dicho que sigue sufriendo dolor constante.

Pike y su novio torturaron y apuñalaron hasta matarla a una compañera de clase de 19 años, Colleen Slemmer, en 1995. Pike tenía 18 años en ese momento, lo que la convirtió en una de las mujeres más jóvenes condenadas a muerte. La madre de Slemmer había viajado desde Florida para presenciar la ejecución de Pike.

Frank Strada, comisionado del Departamento Correccional, anunció su renuncia tras el fracaso de la ejecución de Pike. El gobernador nombró a Christopher Hansen como comisionado interino.

Los abogados de Pike quieren que el gobernador republicano Bill Lee, quien dejará el cargo en enero, cambie su sentencia de muerte por cadena perpetua. Él ha dicho que ella permanecerá en el corredor de la muerte a menos que un tribunal determine lo contrario. La senadora estadounidense Marsha Blackburn, gobernadora electa republicana del estado, ha pedido que el estado explore métodos alternativos de ejecución, incluida la silla eléctrica.

El gobernador ha designado a un exfiscal federal para que lleve a cabo una investigación independiente sobre la ejecución fallida y ha pospuesto la otra ejecución por inyección letal prevista por el estado para este año.