La Corte Suprema falló el jueves a favor de un consumidor de marihuana de Texas que desea poseer un arma de fuego legalmente, en el más reciente de una serie de casos sobre armas provenientes de un tribunal que ha ampliado los derechos relacionados con las armas.

En una decisión unánime, los jueces resolvieron a favor de Ali Danial Hemani, quien argumentó que una ley que prohíbe poseer armas a cualquier persona que consuma drogas ilegalmente viola la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Hemani no fue acusado de ningún otro delito ni de haber utilizado el arma bajo los efectos de alguna sustancia.

El juez Neil Gorsuch redactó la opinión de la Corte y señaló que el fallo limita, pero no elimina, la facultad del gobierno para retirar armas a los consumidores de drogas.

La decisión representa una derrota para la administración republicana del presidente Donald Trump, que había defendido la ley de 1968 a pesar de haberse opuesto a otras restricciones sobre armas. Esta misma ley también fue utilizada en un caso contra Hunter Biden, quien fue condenado en Wilmington, Delaware, por comprar un arma mientras era adicto a la cocaína en 2018. Posteriormente fue indultado por su padre, el entonces presidente demócrata Joe Biden.

Según escribió Gorsuch, una persona adicta a una droga todavía podría ser procesada penalmente después de esta decisión. “No abordamos los esfuerzos por prohibir que los adictos o quienes estén actualmente intoxicados posean un arma de fuego”, escribió. Los fiscales también podrían seguir presentando cargos contra consumidores de marihuana si cuentan con pruebas de que representan un peligro.

Este es el más reciente de una serie de casos relacionados con armas que han llegado a la Corte Suprema desde una decisión histórica de 2022 que amplió los derechos de posesión y portación de armas, lo que dio lugar a una ola de impugnaciones legales en todo el país.

Desde entonces, el máximo tribunal ha confirmado una ley destinada a proteger a las víctimas de violencia doméstica y regulaciones estrictas sobre los llamados “kits de armas fantasma”, pero anuló una prohibición sobre los bump stocks, un accesorio que permite disparar con mayor rapidez. Los jueces también están considerando otro caso relacionado con armas este período judicial, referente a las estrictas regulaciones para portar armas en Hawái.

El caso de Texas surge después de cambios significativos en la legalidad y el uso del cannabis. Más de la mitad de los estados de EE. UU. ya lo han legalizado ampliamente, y su uso con fines médicos y de salud se ha generalizado.

“Independientemente de lo que se piense sobre estos cambios, el gobierno federal no solo los ha tolerado; ayudó a impulsarlos”, escribió Gorsuch. “Todo ello deja al gobierno en una posición incómoda para sostener que los millones de estadounidenses que ahora consumen marihuana regularmente son, de manera categórica y excepcional, personas peligrosas”.

El uso recreativo de la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal, incluso después de que la administración Trump reclasificara la marihuana medicinal como una droga menos peligrosa en abril.

Es poco común que se presenten cargos penales independientes contra personas acusadas únicamente de poseer armas y consumir drogas. Con mayor frecuencia, estos cargos se presentan contra personas acusadas además de otros delitos.

El caso generó alianzas políticas inusuales. Tanto la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) apoyaron la posición de Hemani, al igual que organizaciones que promueven la legalización del cannabis, como NORML. Del lado contrario se encontraban grupos de seguridad armamentística como Everytown, que normalmente se oponen a la administración Trump en asuntos relacionados con la Segunda Enmienda.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.