La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado recientemente una nueva vacuna contra la gripe que ha dado buenos resultados en personas mayores. Sin embargo, la agencia federal encargada de informar a los médicos y al público en general sobre cómo utilizarla no ha emitido ninguna recomendación al respecto.

La inacción de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con respecto a la vacuna mFlusiva supone una ruptura con una práctica arraigada desde hace tiempo. También es un ejemplo de cómo el proceso de revisión y recomendación de vacunas de la agencia se ha visto totalmente desorganizado durante el último año, lo que ha paralizado la toma de decisiones.

Se han suspendido los esfuerzos de los responsables del Gobierno del presidente Donald Trump, recelosos ante las vacunas, por reducir las recomendaciones de vacunación. Se han interrumpido las directrices federales sobre nuevas vacunas. Y ha disminuido el debate público sobre cuestiones relacionadas con la política de vacunación que podrían traspasar las divisiones políticas, entre ellas si existen pruebas sólidas que justifiquen administrar menos dosis a los niños.

La cruzada del secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., para cambiar radicalmente la política de vacunación, junto con las acciones legales emprendidas contra él, han trastornado los sistemas consolidados que proporcionan orientación sanitaria fundamental a los estadounidenses, lo que afecta a que las personas reciban la mejor protección disponible contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación.

“Nos encontramos en un punto en el que, incluso si la evidencia creíble (a favor de una nueva política de vacunación) ha llegado a un punto decisivo, no tenemos un mecanismo claro para formalizar ese cambio”, dijo Jason Schwartz, investigador de políticas de salud de la Universidad de Yale que estudia las agencias gubernamentales de salud.

Durante 60 años, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, en inglés) orientó las recomendaciones de vacunación de los CDC. El comité se reunía públicamente, examinaba datos sobre las vacunas y solicitaba la opinión de diversos grupos de salud. El panel votaba sobre recomendaciones que pasaban al director de los CDC, quien casi siempre las adoptaba como guía del gobierno, lo que llevaba a las aseguradoras públicas y privadas a pagar por las vacunas.

Trump, republicano, nombró a Kennedy para dirigir las agencias federales de salud, incluidos los CDC. El año pasado, Kennedy destituyó a los integrantes del comité y los reemplazó con un grupo que incluía a varias voces contrarias a las vacunas. Siguieron decisiones controvertidas, lo que dio lugar a una demanda de la Academia Estadounidense de Pediatría y otros grupos médicos.

En marzo, un juez federal determinó que Kennedy probablemente había violado procedimientos federales, impidió que el panel nombrado por él celebrara más reuniones y suspendió la decisión de Kennedy de reducir la cantidad de vacunas recomendadas para los niños.

Muchas personas de las comunidades médicas y de salud pública celebraron la decisión y vieron la orden como un respiro frente a lo que consideraban un ataque de la administración Trump contra las vacunas.

El doctor Jason Goldman, presidente del Colegio Estadounidense de Médicos, dijo que esperaba que “signifique un regreso a un proceso transparente y basado en evidencia que proteja la salud de todas las comunidades y los mejores intereses de nuestros pacientes”.

Con el comité de Kennedy paralizado por la orden judicial, los grupos médicos que solían colaborar con el ACIP han seguido sus propios caminos. En colaboración con un investigador de la Universidad de Minnesota, han debatido —sin hacerlo públicamente— el tipo de evidencia médica que antes se presentaba en las reuniones del ACIP y han emitido sus propias recomendaciones.

La asociación que representa a las aseguradoras de salud privadas decidió seguir las recomendaciones de las sociedades médicas, y las aseguradoras han continuado pagando por las vacunas recomendadas por esas organizaciones.

Muchas de las recomendaciones de los grupos coinciden con las que el ACIP y los CDC habían emitido antes de la llegada de Kennedy. Pero también hicieron sus propias actualizaciones.

Por ejemplo, el ACIP había recomendado previamente administrar una nueva vacuna a mujeres en las últimas etapas del embarazo: una vacuna contra el virus respiratorio sincitial, o VRS, que puede ser peligroso para los recién nacidos. El panel gubernamental recomendó administrarla entre septiembre y enero en la mayor parte de Estados Unidos, para que coincidiera con la época del año en que las infecciones por VRS son más comunes.

Pero la temporada del VRS a veces se prolonga. Por ese motivo, los grupos médicos dijeron recientemente que la vacuna debería ofrecerse a esas mujeres hasta principios de marzo.

“Todos reconocimos que esto tiene que evolucionar”, dijo Chris Regal, director de innovación clínica de America’s Health Insurance Plans, la asociación que representa a las aseguradoras de salud, durante un seminario web reciente.

La guía oficial de los CDC no ha cambiado.

La vacuna contra la influenza mFlusiva es otro ejemplo de la forma inusual en que se han estancado las actualizaciones de la política de vacunación.

Es la primera vacuna contra la influenza elaborada con tecnología de ARN mensajero, que fue clave para poner fin a la pandemia de COVID-19. Kennedy ha criticado las vacunas de ARN mensajero y el año pasado canceló contratos para desarrollar otras nuevas. La vacuna también atravesó un complicado proceso ante la FDA, que finalmente le concedió la aprobación plena para personas de entre 50 y 64 años.

Pero este mes los CDC publicaron discretamente que habían decidido mantener sus recomendaciones sobre vacunas contra la influenza del año pasado debido a “incertidumbres y consultas legales”. Eso significa que mFlusiva no figura entre las vacunas contra la influenza recomendadas al público para este otoño.

Las sociedades médicas, sin embargo, la recomiendan como una opción.

Otra función del ACIP era votar sobre si determinadas vacunas debían estar cubiertas por Vaccines for Children, un programa gubernamental que paga las vacunas de niños sin seguro médico.

La FDA aprobó vacunas actualizadas contra el COVID-19, pero, mientras avanzaba el verano y comenzaban las campañas de vacunación de otoño, el gobierno no decía si el programa Vaccines for Children pagaría por esas dosis. No fue hasta esta semana que los funcionarios confirmaron que podían hacerse pedidos a través del programa.

Otra cuestión tiene que ver con la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que se administra a preadolescentes para prevenir ciertos tipos de cáncer.

Se recomiendan dos dosis contra el VPH, pero algunas investigaciones recientes han sugerido que quizá una sola dosis sea suficiente, al menos para las niñas. De hecho, en 2024 el ACIP formó un grupo de trabajo para comenzar a reevaluar las recomendaciones.

Ese trabajo se descarriló cuando Kennedy destituyó a todos los integrantes del comité. En enero, decidió por su cuenta ordenar que el número de dosis recomendadas se redujera a una, como parte de una drástica reducción del calendario de vacunación infantil. Su decisión fue suspendida por la orden del juez.

Los expertos intentan comprender mejor cuándo se desarrolla la protección con una sola dosis y cuánto dura, particularmente en los niños varones. La Academia Estadounidense de Pediatría está considerando un cambio en sus recomendaciones de vacunación contra el VPH y podría llegar a una conclusión más adelante este año, dijo el doctor James Campbell, de la organización.

Es posible que las sociedades médicas terminen coincidiendo con Kennedy sobre cuántas dosis contra el VPH son apropiadas. Pero eso no necesariamente resolvería la confusión actual, dijo Schwartz.

“La credibilidad de la administración Trump, en lo que respecta a las recomendaciones de vacunación, está tan comprometida a los ojos de las principales comunidades médicas y de salud pública”, afirmó, “que incluso las recomendaciones que podrían coincidir con la dirección hacia la que se encaminaba la comunidad de salud pública probablemente serán vistas con escepticismo o desconfianza”.

Mientras tanto, la administración Trump estudia cambiar las categorías del gobierno federal para las recomendaciones de vacunación, aunque no se ha divulgado una propuesta específica y un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió a preguntas sobre lo que se está considerando. El plazo para presentar comentarios públicos venció a principios de esta semana.

Una alianza de gobernadores demócratas de 15 estados dijo que los cambios propuestos probablemente aumentarán la confusión y la complejidad administrativa.

“Son los gobernadores y sus residentes quienes soportan las consecuencias de cualquier aumento en los brotes de enfermedades debido a la confusión relacionada con cambios federales hechos apresuradamente”, dijo en un comunicado Angela Botticella, directora gerente de la Alianza de Gobernadores por la Salud Pública.