La gobernadora Jenniffer González convirtió este viernes en ley el proyecto de su administración que permitiría la construcción y operación de refugios para sobrevivientes de violencia machista a través del modelo de alianzas público privadas (APP).

La nueva Ley 143-2026 permitiría que proyectos puedan ser elegibles bajo la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009) para la construcción, mantenimiento y operación de instalaciones destinadas exclusivamente a albergar mujeres víctimas de violencia doméstica.

El año pasado, la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género había presentado reservas sobre la medida, entre ellas, que el grupo entiende que el modelo de APP es incompatible con los servicios que se ofrecen en los albergues.

De acuerdo con González, el estatuto busca “facilitar el desarrollo de infraestructura especializada que fortalezca la red de protección y servicios dirigidos a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, promoviendo la colaboración entre el gobierno y entidades con la capacidad de desarrollar este tipo de proyectos”.

“Con la firma de esta ley, damos un paso importante para fortalecer la respuesta del gobierno a una de las problemáticas sociales más apremiantes que enfrenta Puerto Rico. Esta legislación crea nuevas herramientas para ampliar la capacidad de albergue y garantizar que más mujeres víctimas de violencia doméstica tengan acceso a espacios seguros, dignos y con los servicios que necesitan para reconstruir sus vidas”, expresó González, en comunicado de prensa.

La Red planteó a la mandataria que su preocupación es que la pieza, supuestamente, no aborda cuál sería la estructura operacional de los albergues público-privados ni si su operación dependería de la asignación de fondos estatales. Este último aspecto, a su vez, podría provocar una reducción en el dinero que reciben actualmente las instituciones a través del Estado.

Entre 2021 y 2025, los nueve albergues asociados a la Red sirvieron a 1,851 mujeres sobrevivientes de violencia de género y 2,483 menores.

Por otro lado, González también firmó la Ley 144-2026, de la autoría de la senadora Nitza Morán y el senador Héctor González, estableciendo que noviembre de cada año será el Mes de la Planificación en Puerto Rico.

La ley reconoce la aportación de los profesionales de la planificación al desarrollo integral de la isla y promueve una mayor conciencia sobre la importancia de la disciplina como herramienta para la formulación de política pública, el ordenamiento territorial y la toma de decisiones informadas, establece el comunicado.

Finalmente, la gobernadora dio paso a la Ley 145-2026, de la autoría del representante José Aponte, para fortalecer la divulgación y el acceso de los veteranos a los beneficios de vivienda que reconoce la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI.

El estatuto dispone que todas las agencias, sus instrumentalidades y los municipios deberán incluir en sus avisos, anuncios, edictos y convocatorias relacionados con la venta, cesión, donación o arrendamiento de propiedades, así como en programas de vivienda de interés social o subsidios para la adquisición o alquiler de viviendas, una referencia expresa al derecho de preferencia que la ley reconoce a los veteranos y sus viudos cuando cualifiquen bajo los requisitos aplicables.

“Puerto Rico tiene una deuda de gratitud con nuestros veteranos. Con la firma de esta ley, damos un paso adicional para garantizar que conozcan y puedan ejercer plenamente los derechos y beneficios que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro compromiso es eliminar barreras de información y asegurar que quienes sirvieron a nuestra nación tengan acceso justo y oportuno a las oportunidades disponibles para ellos y sus familias”, expresó la primera ejecutiva.