A partir del 16 de diciembre, 3,547 empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), incluyendo oficiales correccionales y personal del Programa de Servicios con Antelación al Juicio, recibirán un aumento salarial de $746 mensuales, que había sido legislado hace tres años y no se había ejecutado.

Tal y como había adelantado El Nuevo Día temprano el lunes, la gobernadora Jenniffer González anunció, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, la implementación del alza salarial, para así cumplir con la Ley 91-2022.

“Aunque ese aumento se legisló y se aprobó por ley, la realidad es que no se pagó. En tres años que han pasado de ese aumento, esa ley no ha sido implementada hasta el momento. Y ha sido una lucha que la unión y los empleados de Corrección habían estado dando”, manifestó la mandataria.

“Se van a beneficiar el Cuerpo de Oficiales Correccionales, el Programa de Instituciones Juveniles, los agentes de investigaciones y arrestos, el Programa de Servicios con Antelación al Juicio. Estas oficinas se componen de oficiales correccionales, sargentos, tenientes segundos, tenientes primeros, capitanes, oficiales de servicios juveniles, oficiales de servicios juveniles principal y agentes de investigación y arrestos”, agregó la gobernadora.

Puntualizó que, para cumplir con el aumento de sueldo, desde diciembre hasta junio del próximo año, fueron necesarios $19.1 millones asignados al DCR en el presupuesto vigente. Pero el impacto fiscal anual es de $35 millones, precisó la gobernadora.

“Quedan todavía al descubierto, desde que se aprobó la legislación, (el dinero adicional) del 2022, 2023 y 2024, y lo que va de este año, así que, sobre eso, como estamos hablando de un presupuesto vigente, tenemos que sentarnos a evaluarlo para empezar a buscar alternativas, tanto con la unión, con el director de Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), Gerencia y Presupuesto y el secretario (del DCR, Francisco Quiñones Rivera) para el próximo presupuesto del año fiscal, pero detenernos y no hacer la identificación de los recursos hubiera significado seguir abonando a esa deuda vieja”, sostuvo la gobernadora.

Los oficiales del DCR llevaban tres años esperando por el aumento luego de la aprobación de la Ley 91-2022. Los funcionarios realizaron una serie de manifestaciones, e incluso se ausentaron a sus puestos algunos días, el mes pasado, en reclamo al gobierno para que cumpliera con el estatuto. A principios de noviembre, marcharon desde el Capitolio hasta La Fortaleza para exigir se les honrara el alza.

La Ley 91 establece que el incremento de $746.67 aplicará a todos los oficiales correccionales activos clasificados como empleados de carrera. El alza equivale a $8,960 anuales.

La presidenta de la Alianza Correccional Unida (ACU), Jessica Martínez Santos, destacó que lograr que se honrara el aumento fue una “lucha” ardua. “Es una lucha que prácticamente no nos dejaba dormir. Todos los días buscábamos estrategias”, comentó durante la rueda de prensa.

“No había, hasta que se aprobó la ley, un salario justo para ningún oficial correccional y ningún supervisor dentro del Departamento. Cuando comparamos nuestros salarios con los salarios de la nación americana, de nuestros compañeros oficiales, los de nosotros están por debajo. Y tenemos más responsabilidades dentro de una institución penal”, sostuvo la líder sindical.

Quiñones Rivera indicó que, en julio, se reunió con Martínez Santos para discutir el reclamo salarial de los empleados del DCR. Y mencionó que compartió el saldo de las reuniones con el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Aafaf, Francisco Domenech, quien, a su vez, dialogó sobre el tema con la gobernadora.

Previamente y en respuesta a la marcha hasta la Mansión Ejecutiva hace unas semanas, el secretario del DCR había manifestado que daría “la pelea” por que se identificaran los fondos para dar paso al aumento de salario.

Martínez Santos, en ocasiones previas, había expresado que el dinero para el aumento estaba consignado en el presupuesto del DCR para este año fiscal.

El salario base de los oficiales correccionales es de $2,350, pero puede variar “dependiendo del rango y del tiempo que lleva” en la agencia, dijo Quiñones Rivera.

Los oficiales correccionales también han reclamado la entrega de uniformes y el pago de horas extras acumuladas.

El secretario del DCR sostuvo que, desde octubre, están entregando uniformes y no han terminado esa gestión. Reconoció que el pago de las horas extras requiere de una auditoría, pero dijo lo están trabajando.

Además, anunció la apertura de una nueva academia para 100 posiciones de oficiales correccionales.

“Recibimos ya 1,641 solicitudes”, reveló, en tanto, la gobernadora, quien se mostró confiada en que el alza salarial retendrá a estos servidores públicos y atraerá otros.