Ante la inactividad demostrada desde su creación hace dos semanas, la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) reclamó que el comité designado por la gobernadora Jenniffer González para evaluar alternativas al impuesto al inventario se reúna a la “brevedad posible”.

El organismo rector del CRIM hizo la petición mediante una carta a la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, quien dirige el grupo creado luego que la mandataria vetara el Proyecto de la Cámara (PC) 420, que disponía eliminar el cargo en el año contributivo 2028 sin identificar un mecanismo de recaudo sustituto.

A petición de El Nuevo Día, Rivera confirmó que recibió la misiva de la directiva del CRIM.

“Esta semana, se fijará la fecha específica de la reunión del Comité del Impuesto al Inventario, que se coordinará para la próxima semana. En este momento, estamos en el proceso de notificar y confirmar la disponibilidad de todos los integrantes del comité para garantizar su participación”, indicó Rivera en declaraciones escritas.

El alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes, que reúne a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo que se discute la posibilidad de celebrar la reunión el 18 o el 22 de noviembre.

“Están compartiendo esas fechas con los miembros del comité a ver cuál de esas la mayoría de los integrantes puede estar”, sostuvo Hernández.

Pero reconoció que el tema no podrá ser objeto de discusión en la presente sesión legislativa, que termina la próxima semana. La gobernadora indicó el lunes que no descarta convocar una sesión extraordinaria para atender el proyecto que presente de reforma contributiva, pero rechazó incluir la legislación sobre el impuesto al inventario.

Cuestionado sobre si ya tiene alternativas que presentar, Hernández respondió que esperará a la primera reunión para ver “cuál va a ser el plan de trabajo y cuáles van a hacer los puntos de partida para tomar decisiones”.

El 30 de octubre, la gobernadora vetó el PC 420, y acto seguido –rodeada de alcaldes rojos y azules–, creó el comité, que estaría compuesto también por ocho alcaldes -Camuy, Jayuya, San Juan, Aguadilla, Bayamón, Coamo, Carolina y Orocovis-, funcionarios del equipo financiero del gobierno y representantes del sector privado.

El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, señaló que, al momento, tampoco se ha nombrado al director ejecutivo de ese comité.

Entretanto, el alcalde de Jayuya, Jorge González Otero, líder de la Asociación de Alcaldes, que reúne a los ejecutivos del Partido Popular Democrático, propuso, de antemano, la municipalización, que el gobierno central pague a los ayuntamientos por los servicios que ofrecen y no son su responsabilidad. De esa forma, dijo, pueden allegar dinero a las arcas municipales. El impuesto al inventario representa para los gobiernos municipales cerca de $314 millones anuales.

“Todo lo que se pueda municipalizar”, agregó el alcalde jayuyano, y mencionó como ejemplo la reparación y limpieza de escuelas públicas, áreas recreativas y carreteras estatales, entre otros servicios.

La gobernadora ha recalcado que su compromiso de campaña fue para congelar el arbitrio por cinco años y en ese período conseguir una nueva fuente de repago, y presentó un nuevo proyecto de ley con ese fin.

Tanto el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como su homólogo en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, advirtieron que no atenderían el nuevo proyecto de ley hasta que el comité designado someta sus alternativas.